La portavoz en el Congreso de los Diputados y vicesecretaria del Partido Popular, Ester Muñoz, andaba ayer por la provincia intentando capear el temporal tras su sonada frase en la que aseguraba que el sistema público de pensiones «había petado», pero no pudo eludirlo por mucho que ella quería hablar de otras cosas. Como era de esperar, los periodistas preguntamos por semejante diagnóstico, y a ella se le notó molesta, como pensando «que pesadas son estas chicas, que ya me han pedido cuentas de lo mismo en tres ciudades diferentes».
Pero es normal. Sus palabras no habían surgido de la nada, sino que eran consecuencia de otras, las de la portavoz de Vox en la Cámara Baja, Pepa Millán, y su portavoz económico, José María Figaredo, que tildó al modelo actual de «sistema zombi» e insistiendo en implantar un modelo mixto de capitalización. Y es que no olvidemos que el PP se podría ver abocado a compartir gobierno con la ultraderecha, que bastante torpemente se mete en el jardín de las pensiones en plena campaña electoral.
Tratar el futuro de las pensiones con esta ligereza electoral cuando millones de ciudadanos viven de ellas —y cuando la generación masiva del baby boom llama ya a la puerta de la jubilación— tiene guasa. Pero en medio del ruido, despuntan dos evidencias insoslayables. La primera es que el sistema actual, efectivamente, no funciona y requiere ajustes estructurales urgentes. La segunda es que cualquier mención a la palabra «reforma» desata un pánico cerval en quienes están a punto de jubilarse o ya lo han hecho.
Es una fobia muy razonable: los ciudadanos han aprendido a base de palos que, cada vez que la clase política toca el sistema de pensiones, no es para regalar bombones, sino para amputar derechos adquiridos... cada vez hay más personas que cobran de la Seguridad Social sin haber cotizado nada o muy poco, por lo que quienes cotizamos, cada vez pagamos más y se nos anuncia que cobraremos menos.
Sin embargo, negar la gravedad del problema es tan ridículo como apagar la luz para no ver el incendio. Y en esto, el Gobierno liderado por Pedro Sánchez, está perpetrando una auténtica trampa al solitario. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, y el propio presidente presumen sin pudor de estar rellenando la «hucha de las pensiones» hasta alcanzar los 20.000 millones de euros, echándole en cara a Mariano Rajoy que en 2018 la dejó prácticamente en los chasis. Pero jugar con la baraja marcada tiene un límite.
La famosa hucha debería nutrirse exclusivamente del superávit de las cotizaciones de los trabajadores en activo. En lugar de eso, el Gobierno de España se dedica a rellenar el bote mediante inyecciones artificiales procedentes de impuestos generales y transferencias directas de los Presupuestos Generales del Estado, pero como no los tiene, acude a los fondos europeos Next, lo que le supuso un rapapolvo sin consecuencias de la propia Unión Europea. Es decir, el fondo de las pensiones está quebrado... lo que no significa que no se vayan a cobrar, significa que el sistema es inviable en la actualidad, que es diferente.
Según revelan los datos de ejecución presupuestaria, entre 2019 y agosto de 2026 el Estado ha transferido a la Seguridad Social la friolera de casi 345.000 millones de euros. Tan solo en el año 2025, el chorro de dinero alcanzó los 53.000 millones de euros, una cifra equivalente al coste de cuatro nóminas mensuales enteras de pensiones contributivas.
¿Por qué distorsionar la realidad desviando este volumen gigantesco de dinero desde los impuestos hacia la Seguridad Social? Muy sencillo: porque de ese modo ese gasto queda distraído del cálculo habitual, se elude la regla de gasto que fiscaliza Bruselas y se maquilla la hucha mientras la deuda acumulada de la propia Seguridad Social bate récords históricos superando los 136.000 millones de euros. Economistas como Daniel Lacalle o José Antonio Herce lo advierten sin rodeos: no estamos ante un logro económico, sino ante una gigantesca ilusión monetaria financiada con deuda pública.
Para colmo de males, en el fondo del cajón late la reforma diseñada en 2023 por el entonces ministro José Luis Escrivá. Esa norma incluye una cláusula de salvaguarda que actúa como una auténtica bomba de tiempo: si la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) certifica que el gasto neto promedio en pensiones supera el 13,3% del Producto Interior Bruto entre 2022 y 2050, el Ejecutivo que ocupe el Gobierno de España en 2028 estará legalmente obligado a acometer recortes drásticos de gasto o a elevar de forma automática las cotizaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional.
En la provincia de Almería, los futuros y presentes pensionistas contemplan el horizonte con una mezcla de vértigo y estupor. Pretender que el sistema es sostenible a base de triquiñuelas presupuestarias es un engaño; prometer recetas mágicas con privatizaciones improvisadas es demagogia. Pero cuando la bomba fiscal de 2028 estalle, la cuenta no la pagarán las bancadas parlamentarias (que tendrán derecho a la pensi´n máxima habiendo cotizado solo ocho años... no como tú o yo, que somos unos pringados), sino las nóminas y las jubilaciones de la gente de a pie.
