Las diputadas nacionales del PP de Almería Ana Martínez Labella y Maribel S. Torregrosa, y los senadores Luis Rogelio Rodríguez y Carmen Belén López, han explicado hoy en rueda de prensa que el Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso una Proposición No de Ley en la que se apuesta por propiciar la modificación del Código Penal del delito de defraudación de fluido eléctrico, tipificado en el artículo 255 del Código Penal, mediante la creación de un nuevo tipo agravado que contemple el perjuicio al interés público y a los usuarios de las conductas relacionadas con el cultivo y tráfico de drogas.
En la iniciativa los populares piden además la modificación del Código Penal para que la graduación de la pena del nuevo agravado del artículo 255 sea de 1 a 3 años de prisión y lleve aparejada de 6 a 18 meses de multa, tal y como se tipifica en países de nuestro entorno como Alemania (pena privativa de hasta 5 años), Italia (se contemplan penas de cárcel de seis meses a 3 años) y en Francia (pena privativa de 3 años y multa de 45.000 euros).
“Entendemos que es necesaria una modificación del Código Penal porque la gravedad del delito no se corresponde con las penas establecidas que no son lo suficientemente disuasorias, lo que provoca la reincidencia. Actualmente se incluyen penas de multa de hasta 12 meses por el delito de defraudación de fluido eléctrico, pero en ninguno de los casos se aplica pena privativa de libertad”, ha afirmado.
Ana Martínez Labella ha explicado que el fraude eléctrico ha experimentado un importante auge en España, en los últimos años, hasta convertirse en un serio problema que está causando importantes perjuicios económicos y sociales, además de suponer un riesgo para la seguridad de las personas.
En el caso de la provincia de Almería, la diputada del PP ha manifestado que esta actividad se está extendiendo por muchos de los barrios de la capital donde proliferan los narcopisos y también por municipios de la provincia, por lo que ha pedido al Gobierno de España que tome medidas para atajar el problema.
Martínez Labella ha señalado que a corto plazo es fundamental que el Gobierno refuerce con medios materiales y humanos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para luchar contra los cortes y fraudes eléctricos.
La diputada popular ha ofrecido una serie de datos que dejan patente la problemática. Según ha expuesto en los últimos cinco años los casos de manipulación de las instalaciones eléctricas han crecido un 35%, y los vinculados a las plantaciones de marihuana casi un 70%.
En Andalucía, las cifras son especialmente alarmantes. “Mientras en Jaén el incremento de plantaciones vinculadas a la marihuana asciende al 36%, en Almería el porcentaje alcanza el 90%, y se sitúa en el 193% en Cádiz y el 200% en Málaga”, ha afirmado.
La diputada del PP ha seguido explicando que tan solo el año pasado, en las ocho provincias andaluzas se desmantelaron una media de 40 fraudes a la semana.
“En Almería capital, en 2023, en 51 intervenciones policiales, se cortaron 2.611 suministros por enganche ilegal, una media de 50 cortes a la semana. En el primer trimestre de este año, en 12 intervenciones se han cortado 758 suministros, 58 cortes a la semana”, ha advertido.
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