Con el toque “tan bien plantao” del miedo a la involución, a la vuelta atrás, a la intervención militar, y con la colaboración interesada del felipismo, la transición a la democracia todavía sigue pendiente cincuenta años después. La reacción, los restos del franquismo, el fascismo siempre presente en la historia del reino de España desde el principio de su presunta formación (“en Covadonga ganaron por primera vez las derechas”, dijo el Perich en su genial “Autopista”), refrendado a partir de la implantación definitiva de la unidad forzada y el centralismo (Decretos de nueva planta, imposición de la división provincial), y recientemente recuperado, aunque no resucitado, a partir del voto ultra, fruto en gran medida de la pérdida del liberalismo, absorbido y suplantado por el capitalismo salvaje, con el envalentonamiento de la derecha pepera, cada vez más ultra, será en honor a su origen, sufrimos otra vez el retroceso periódico de la democracia y la libertad inherente a ella, en beneficio de formas mucho más acordes con aquel pasado reciente, que inocentemente habíamos creído enterrado.
La reacción más radical ya no se esconde. Al contrario, se siente fuerte, cada vez más, incluso para rechazar un tratado de amistad entre dos estados vecinos, con más en común de lo que a la derecha le gustaría.
A partir de 1980, las instituciones, un poco aceleradamente calificadas “democráticas”, sueltan hoy el tóxico producto de la impudicia excretada a través de las grietas permitidas durante su construcción.
Sirva de muestra un ejemplo claro: el Senado, concebido como Cámara Territorial, hasta ahora nunca ha representado ese papel. Por el contrario su acción ha estado y sigue estando condicionada y limitada, al servicio de los partidos de los que los senadores forman parte. Primero como “Cámara de los asentimientos”, sin función propia, hasta al final verse transformado, también sin función propia y sin necesidad de adaptar la ley, en mecanismo de un partido para gobernar sin participar en el Gobierno, al paralizar todos los proyectos, en especial cuando esos proyectos pueden significar una pequeña mejoría para el común, por más ínfima que pueda ser, porque cualquier mejora a la mayoría es considerada perjudicial por los detentadores del poder económico, al que en realidad está sometido el político.
Ratificar a los representantes de la derecha, para rechazar, incumpliendo claramente la Ley, el derecho de todos a la Educación (Artículo 27 de la Constitución), a la Seguridad Social (41 y 43), a la cultura (44), disfrutar de un ambiente sano (45), a una vivienda digna (47), participación de la juventud (48), atención a disminuidos (49), atención a la tercera edad (50). Podríamos seguir, porque contra todo eso y más se manifiestan y se oponen activamente con su voto, la derecha ultra y la ultraderecha, (PP, Vox y Junts) cada vez más fusionadas, más mezcladas, más difícil distinguir, y el Senado cercano ya al “título” de “Cámara de los horrores”, porque no son errores.
El Senado en estos momentos no es más que el mecanismo de una parte resentida por no detentar el poder, para poder cumplir sus compromisos con ese capitalismo español, dirigido por fondos buitre, IBEX, eléctricas, grandes constructoras inmobiliarias, grandes tenedores de vivienda y especuladores económicos, en general reflejo de sus modelos: el trampismo y el mileismo, y superar así a toda la ultraderecha europea. El Senado es, sin necesidad de adaptar la Ley, porque ellos sólo aceptarán modificarla cuando la puedan llevar a sus principios revisión-fascistas, el arma de quienes no han podido alcanzar el poder, para paralizar cualquier iniciativa, como sea, con tal de favorecer a sus antagonistas (no enemigos, decía hace unos días Moreno con su habitual cinismo), en una demostración clara de que su objetivo de ocupar el pódium es para ellos más importante, más fundamental que el bienestar y la independencia de esa patria presente sólo en su muñeca.
