Ha llegado el fin de la legislatura, y para no variar, el presidente Pedro Sánchez, ha vuelto a "cambiar de opinión" y ha adelantado las elecciones, que era algo que, según su argumentario, resultaba desestabilizador. Se suele decir que las cosas terminan como empiezan, y en la trayectoria al frente del Gobierno de Pedro Sánchez, la frase encaja con la precisión de un reloj suizo. O, mejor dicho, de un manual de autocracia parlamentaria.
Para entender este viaje circular hay que retroceder hasta septiembre de 2024, durante la apertura del curso político en la sede del Instituto Cervantes. Allí, tras unas elecciones generales en las que el resultado del Congreso dibujaba una clara mayoría sociológica y parlamentaria de centro-derecha —con el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo como fuerza más votada, Vox, e incluso formaciones conservadoras de corte nacionalista como Junts per Catalunya o el PNV que sumaban la mayoría de la Cámara—, el presidente del Gobierno pronunció una declaración de intenciones memorable: afirmó sin sonrojarse que gobernaría "con o sin el concurso del Poder Legislativo". Decir en un Estado democrático que se puede prescindir del Poder Legislativo para ejercer el Ejecutivo no es solo un descuido semántico; es un aviso para navegantes sobre la idea que uno tiene de la división de poderes.
Y dicho y hecho. A partir de ese momento, la negociación parlamentaria pasó a ser vista en el Palacio de la Moncloa no como el ejercicio básico de la política representativa, sino como un agotador trámite burocrático que causaba pereza. Para qué sentarse a dialogar, o pactar cuando resulta mucho más cómodo el ordenamiento vía real decreto-ley o la imposición a marchas forzadas. La política del diálogo cedió el paso al trágala sistemático. Eso sí, la intransigencia tenía una curiosa excepción: la capacidad de cesión absoluta frente a las exigencias de sus socios de investidura cuando el sillón peligraba. Ahí la firmeza se diluía en minutos para conceder amnistías a la carta o traspasar competencias al País Vasco en materia penitenciaria favoreciendo la excarcelación de presos de la banda terrorista ETA, o con indultos y amnistía a Junts, o la financiación autonómica con ERC.
Entre tanto, la gestión diaria de la nave estatal no ha sobrevivido por una brillante articulación presupuestaria. De hecho, la incapacidad para fraguar mayorías llevó a la renuncia implícita de presentar y aprobar unos Presupuestos Generales del Estado en tiempo y forma, haciendo volar por los aires la estabilidad contable que se le exige a cualquier administración pública, y sobre todo, incumplendo constantemente la Constitución. La gasolina que ha alimentado este periodo no ha sido el acuerdo político, sino el maná de los fondos europeos de reconstrucción tras la pandemia de COVID-19 y el despliegue del mecanismo Next Generation EU. Un balón de oxígeno financiero externo que ha permitido sestear sobre el abismo de la parálisis legislativa.
El problema del despotismo ilustrado —o no tan ilustrado— es que tarde o temprano la realidad parlamentaria reclama lo que es suyo. Cuando el Congreso de los Diputados retira su confianza y tumba decretos de calado, como los parches normativos en materia de vivienda presentados sin consenso previo con el resto de fuerzas, la arquitectura del relato se resquebraja. Buscar entonces atajos jurídicos e intentar colar la aprobación de medidas rechazadas mediante la vía de la Diputación Permanente no es solo una trampa procedimental; es un desprecio abierto a la voluntad soberana depositada en la Cámara Baja que ya había dicho no.
El broche de oro a esta concepción del poder lo colocó el propio presidente del Gobierno en la reciente intervención que hizo en La Moncloa para justificar el fin de la legislatura y la convocatoria electoral, asegurando con pasmo generalizado que la razón de su decisión estancaba en que "el Parlamento pisotea los intereses de la gente".
Conviene detenerse un segundo a digerir la frase. ¿El Parlamento pisotea a la gente? Resulta fascinante la acrobacia mental necesaria para sostener que la institución democrática por excelencia, la que encarna la representación directa de todos los ciudadanos españoles que acudieron a las urnas, es una amenaza para el pueblo. En esa sola expresión se esconde el germen de un pensamiento genuinamente autocrático: la convicción de que la legitimidad no reside en las leyes ni en el Parlamento que lo invistió, sino en la persona del presidente.
Si el Parlamento retira su confianza presidente del Gobierno, no es que la Cámara esté pisoteando nada; es que la democracia representativa está funcionando, como cuando él ganó una moción de censura, convirtiéndose en la primera persona que lograba el cargo sin ser diputado, sin haber sido elegido por la ciudadanía: ningún ciudadano eligió a Sánchez, fue presidente porque lo decidió el Congreso que hoy desprecia.
Quien pisotea la voluntad popular es quien pretendió gobernar al margen del Poder Legislativo al principio del camino y quien se marcha acusando al propio Legislativo de estorbar al final del trayecto. El círculo se cierra, pero la lección institucional queda escrita para la historia.
