Para quienes observan la política desde la barra del bar mientras miran una televisión sin volumen, la última maniobra de Xavier García Albiol en Badalona ha sido un plausible golpe en la mesa. El alcalde, siempre fiel a su papel de "sheriff" metropolitano, ha decidido que la mejor forma de resolver un conflicto complejo es aplicar la técnica del martillazo. El resultado es tan previsible como el final de una película de sobremesa de Antena 3: el problema no ha muerto, solo se ha multiplicado por cuatrocientos.
Hablemos de 400 problemas, porque ese es el número de personas que han sido desalojadas de un antiguo instituto abandonado en el barrio de Artigas. El argumento municipal es, sobre el papel, irrebatible: la ocupación era ilegal, las condiciones de habitabilidad eran infrahumanas y el lugar se había convertido en un foco de insalubridad y, presuntamente, de delincuencia. Hasta aquí, cualquier ciudadano con dos dedos de frente en esta provincia de Almería —donde de asentamientos y realidades migratorias sabemos un rato largo— firmaría la necesidad de actuar. El foco de infección no podía seguir ahí.
Sin embargo, en política existe una diferencia abismal entre solucionar un problema y simplemente desplazarlo de la foto de Instagram. Albiol ha decidido dar una patada al avispero. Y cualquiera que haya pisado el campo sabe que, cuando golpeas el nido, las avispas no se desintegran por arte de magia. En el mejor de los casos, si tienes un soplete a mano y eres rápido, quemas el avispero, pero siempre habrá ejemplares que salgan volando para picar al que sujeta el palo o, lo que es más frecuente, al vecino que pasaba por allí.
En Badalona, el "soplete" social ni estaba ni se le esperaba. El Ayuntamiento ha ejecutado el desalojo con una expeditividad quirúrgica para la galería, pero con una ceguera absoluta para el día después. Antes, la administración tenía localizado el conflicto: 400 personas en un punto concreto. Ahora, esas mismas 400 personas —muchas de ellas en situación irregular, otras con requisitorias judiciales pendientes, pero también trabajadores con papeles que no pueden costearse el prohibitivo mercado inmobiliario de Cataluña— están vagando por las calles.
¿A dónde van? No se han evaporado. Mañana aparecerán en el portal de una vivienda, bajo un puente o en un cajero automático. El "problema" se ha atomizado. Lo que antes era una gestión focalizada se ha convertido en una diáspora de precariedad repartida por toda la ciudad. Un buen político no es aquel que limpia la fachada para que luzca en el informativo de las tres, sino aquel que evita que una crisis social acabe convertida en una metástasis urbana.
Habría sido demasiado pedir, quizás, una intervención individualizada. Se habría podido poner unas patrullas policiales en el entorno del inmueble e identificar quién es quién. A quien tenga cuentas pendientes con la justicia, al juzgado; a quien esté en situación irregular, que se le aplique la Ley de Extranjería con todas sus consecuencias; y a quien sea simplemente un trabajador pobre —esa nueva categoría social que tanto abunda—, buscarle una alternativa que no sea la acera. Pero claro, eso requiere gestión, asistentes sociales y un plan a medio plazo. Es mucho más sencillo llamar a los medios, poner el cordón policial y presumir de "limpieza".
La realidad es que el populismo de brocha gorda suele dejar manchas difíciles de quitar. En la provincia de Almería, donde la gestión de la inmigración y los asentamientos es un equilibrio constante en el alambre, sabemos que las soluciones de fuerza sin plan de salida solo sirven para que el político de turno se cuelgue una medalla de hojalata mientras el ciudadano hereda un caos multiplicado.
Albiol ha despejado un edificio, sí. Pero ha llenado las calles de incertidumbre. Ha pasado de tener un dolor de cabeza localizado a sufrir una migraña crónica repartida por todo el municipio. Al final, resulta que la patada al avispero solo ha servido para que las avispas cambien de código postal, pero sigan teniendo el mismo aguijón. Y, por mucho que algunos se empeñen en lo contrario, los problemas no desaparecen por decreto de alcaldía; solo se mudan de barrio.
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