El conflicto jurídico y medioambiental en torno al polémico hotel construido en la costa de Almería suma un nuevo e intenso capítulo de presión institucional. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha movido ficha ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para exigir que se obligue al Ayuntamiento de Carboneras a tomar una decisión definitiva. En concreto, el Ejecutivo central solicita que se dé un plazo improrrogable de 72 horas a la administración local para convocar una sesión plenaria extraordinaria destinada a tramitar de una vez por todas la revisión de oficio del permiso de edificación del hotel de El Algarrobico.
Esta contundente petición, canalizada formalmente a través de la Abogacía del Estado, llega inmediatamente después de que el pleno de la corporación municipal decidiera postergar la votación programada para materializar el dictamen judicial que invalida dicha licencia. Dentro del mismo paquete de medidas cautelares, el Gobierno de España ha instado a la sala judicial a requerir al ayuntamiento la entrega del acta oficial de la sesión celebrada el pasado 17 de junio en un margen máximo de 48 horas, una documentación que, según han manifestado fuentes del propio consistorio, ya se habría remitido a los órganos judiciales competentes.
La ofensiva legal del ministerio busca desbloquear el expediente que afecta a la autorización concedida originalmente en enero de 2003 a la empresa promotora Azata del Sol. Para garantizar la efectividad de la orden, el escrito presentado ante el alto tribunal andaluz solicita que se aperciba formalmente a los representantes públicos de la localidad. Con este fin, se ha reclamado la identificación inequívoca de las personas encargadas de tramitar y enviar la documentación solicitada, advirtiendo de que, si no se especifican dichos nombres, la responsabilidad legal recaerá de forma directa sobre la figura del alcalde de Carboneras y el secretario de la institución local.
El escenario contemplado por el departamento estatal en caso de que el municipio mantenga su postura de inacción incluye la activación de los mecanismos de ejecución subsidiaria previstos en la normativa reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Esto significaría que la propia justicia asumiría las competencias necesarias para dar cumplimiento al fallo. Asimismo, las herramientas legales invocadas por el Gobierno central abren la puerta a la imposición de sanciones económicas individuales y reiteradas contra las autoridades o funcionarios que entorpezcan el proceso, además de la obligación de deducir testimonio a la vía penal si se apreciaran indicios de desobediencia o delitos derivados de este bloqueo.
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