Almería encabeza el seguimiento de la huelga médica en una jornada de fuerte división de cifras

La sanidad pública ha vuelto a vivir una jornada de máxima tensión este lunes. Los facultativos andaluces han retomado sus movilizaciones contra el Estatuto Marco que propone el Gobierno central, dejando tras de sí un baile de cifras sobre el impacto de la huelga. Mientras que la administración sanitaria ha calculado la participación en un 19,31% a nivel regional durante la mañana, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) eleva el seguimiento por encima del 50% de los profesionales convocados, remarcando la especial incidencia que el paro ha tenido en los centros hospitalarios.

En este escenario de conflicto, la provincia de Almería se ha situado a la vanguardia de la protesta. Según los registros oficiales de la Junta de Andalucía, el respaldo en tierras almerienses ha alcanzado el 24,67%, la cifra más alta de toda la comunidad, seguida muy de cerca por Huelva. En el resto de las provincias, el seguimiento ha oscilado entre el 12% de Córdoba y el 21% de Sevilla, evidenciando un malestar que, lejos de amainar, parece enquistarse en el sistema.

El coste de este pulso entre los médicos y el Ministerio de Sanidad es ya millonario. Los datos acumulados de los paros de diciembre, febrero y marzo reflejan un impacto económico superior a los 111 millones de euros, con más de 767.000 actos asistenciales suspendidos. El impacto es especialmente doloroso en la Atención Primaria, que solo en la última semana de huelga de marzo vio cómo se perdían 150.000 consultas, una situación que agrava la presión sobre el sistema público.

Desde el SMA, su presidente Rafael Ojeda ha mostrado su satisfacción por la cohesión del colectivo. Ojeda sostiene que los médicos están agotados por unas condiciones que califica de "explotación laboral" y reclama un estatuto propio que reconozca la peligrosidad de su labor y garantice las 35 horas semanales. El dirigente sindical ha sido especialmente duro con la ministra Mónica García, a quien acusa de ser "incapaz de negociar" y de manipular el contenido de las reuniones, llegando incluso a vaticinar que no habrá salida al conflicto mientras no se produzca un relevo en el equipo ministerial.

Por su parte, el Gobierno autonómico ha expresado su profunda preocupación por las consecuencias de una huelga dirigida contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez pero que golpea directamente a los usuarios andaluces. Antonio Sanz, consejero de la Junta de Andalucía, ha lamentado el "desprecio" del Ministerio hacia los profesionales y ha criticado que sean las comunidades autónomas las que deban asumir el coste de la falta de diálogo estatal. Sanz ha defendido que, pese a este obstáculo nacional, el Ejecutivo regional sigue centrado en su Plan de Garantía Sanitaria para intentar mitigar las listas de espera y garantizar la atención a los ciudadanos.