La secretaria general de UGT Almería, Carmen Vidal, ha advertido de que la provincia continúa instalada en una preocupante dinámica de siniestralidad laboral que, lejos de corregirse, mantiene a Almería entre los peores registros de Andalucía. Durante una entrevista concedida al programa Almería de Cerca, de 7TV Almería, la dirigente sindical aseguró que el problema no responde a una situación coyuntural, sino a una tendencia que el sindicato viene denunciando desde hace años. "La siniestralidad es una lacra con la que no podemos acabar", afirmó, recordando que UGT lleva analizando la evolución de estos datos desde 2010 y que los indicadores muestran un incremento sostenido de los accidentes laborales.
Vidal explicó que la provincia atraviesa uno de sus peores momentos en esta materia y señaló que actualmente se contabilizan once accidentes laborales mortales, una cifra que sitúa a Almería como la tercera provincia andaluza con mayor número de fallecimientos en el trabajo, únicamente por detrás de Sevilla y Málaga. A su juicio, la situación resulta todavía más preocupante si se pone en relación con el número de trabajadores existentes en cada territorio, ya que Almería presenta una población ocupada muy inferior a la de esas provincias.
La responsable sindical quiso desmontar además una idea muy extendida sobre las causas de los accidentes mortales. Explicó que, según los estudios que maneja UGT a nivel nacional, la principal causa de fallecimiento ya no son las caídas o los atrapamientos, sino los infartos y los derrames cerebrales sufridos durante la jornada laboral. "Es el motivo que nunca puedes pensar que va a ser el primero y, sin embargo, es el que más nos está preocupando", indicó, relacionando esta realidad con el deterioro de la salud mental y el aumento de los niveles de estrés entre los trabajadores.
Precisamente por ello defendió la necesidad de reforzar la prevención de riesgos psicosociales y recordó la importancia de respetar la desconexión digital. Según explicó, cada vez son más los trabajadores que permanecen pendientes del teléfono móvil, del correo electrónico o de las comunicaciones de la empresa fuera de su horario laboral, una situación que termina afectando a su bienestar psicológico y que puede desembocar en bajas médicas de larga duración.
La dirigente de UGT también aclaró una cuestión que suele generar dudas entre los trabajadores: cuándo un infarto puede considerarse accidente laboral. En este sentido explicó que, si el episodio se produce en el centro de trabajo, la legislación lo considera accidente laboral con independencia de que posteriormente la Inspección de Trabajo determine si existió o no responsabilidad empresarial. Esa calificación, añadió, resulta especialmente importante para garantizar la protección social y las prestaciones que corresponden a las familias afectadas.
Otro de los aspectos sobre los que Carmen Vidal puso el foco durante su intervención en Almería de Cerca fue la necesidad de seguir reforzando los medios destinados a la Inspección de Trabajo. La secretaria general de UGT Almería recordó que durante años los sindicatos han reclamado un mayor número de inspectores y, especialmente, la incorporación de una figura específica dedicada a la prevención de riesgos laborales, una petición que finalmente ha sido atendida.
Según explicó, la provincia carecía de un subinspector especializado en esta materia, a diferencia de otras provincias andaluzas, una situación que dificultaba el seguimiento de las condiciones de seguridad en las empresas. Finalmente, esa reivindicación ha dado sus frutos y Almería cuenta ya con una profesional dedicada específicamente a esta labor. Además, señaló que también se ha incrementado la plantilla de inspectores, aunque reconoció que sigue siendo insuficiente para atender todas las necesidades de una provincia con un tejido empresarial tan amplio y diverso.
En este sentido, destacó que Almería continúa apareciendo entre las provincias españolas donde se detectan más irregularidades laborales y donde se imponen un mayor número de sanciones administrativas en proporción al número de trabajadores, lo que, a su juicio, evidencia la importancia de mantener una vigilancia constante para combatir el fraude y mejorar las condiciones laborales.
La entrevista abordó posteriormente otro de los asuntos de mayor actualidad en la provincia: el proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras. Carmen Vidal explicó que en Almería se han presentado alrededor de 33.000 expedientes, una cifra que sitúa a la provincia entre las que mayor volumen de solicitudes registran en Andalucía.
La dirigente sindical recordó que el importante peso de la agricultura explica buena parte de ese elevado número de expedientes, aunque también hizo referencia al sector de la construcción, donde insistió en que resulta más sencillo detectar situaciones de empleo irregular. En el caso del campo, afirmó, la realidad es mucho más compleja y existen circunstancias que dificultan enormemente las labores de control.
Aunque ya hay varios miles de trabajadores incorporados oficialmente al sistema tras iniciar el proceso de regularización, Vidal explicó que la cifra crecerá durante los próximos meses, ya que la Administración dispone de hasta tres meses para revisar toda la documentación presentada y resolver cada expediente. Esa demora administrativa, señaló, está generando incertidumbre tanto entre los propios trabajadores como entre muchas empresas.
En este sentido, aseguró que numerosas compañías todavía muestran reticencias a contratar a personas cuyo expediente aún no ha sido resuelto de forma definitiva, a pesar de que ya han iniciado el procedimiento administrativo. Esa cautela empresarial está ralentizando la incorporación de muchos trabajadores al mercado laboral en condiciones plenamente legales.
La secretaria general de UGT recordó que el sindicato ha participado activamente en todo este proceso, colaborando con distintas entidades sociales para facilitar la presentación de expedientes y asesorar a los trabajadores afectados. No obstante, reconoció que la magnitud de la regularización ha superado todas las previsiones iniciales.
Según explicó, a nivel nacional se han registrado cerca de un millón de solicitudes, una cifra muy superior a la esperada, lo que ha provocado una importante sobrecarga de trabajo en las oficinas de Extranjería y ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los recursos humanos destinados a gestionar estos procedimientos.
Uno de los datos que más llamó la atención durante la entrevista fue el perfil de las personas regularizadas. Vidal señaló que, frente a la percepción generalizada de que la mayoría de los beneficiarios serían ciudadanos marroquíes, la realidad es muy distinta. Según indicó, el mayor número de expedientes corresponde a personas procedentes de países sudamericanos, mientras que Asturias ha sido, sorprendentemente, una de las comunidades autónomas donde más ha aumentado la población extranjera regularizada durante el último año.
La conversación derivó después hacia el debate abierto en torno al absentismo laboral tras las declaraciones realizadas por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien había relacionado el incremento de las bajas médicas con un supuesto abuso del sistema.
Carmen Vidal rechazó frontalmente esa interpretación y defendió que detrás del aumento de las incapacidades temporales existe una realidad sanitaria que no puede ignorarse. A su juicio, nadie desea enfermar deliberadamente y resulta injusto cuestionar a miles de trabajadores que atraviesan situaciones personales muy complicadas.
Como ejemplo, relató distintos casos reales vividos dentro de la propia organización sindical, entre ellos el de un trabajador que lleva más de un año de baja tras sufrir un grave problema cardíaco y otro que, después de padecer dos ictus, todavía arrastra importantes secuelas físicas pese a haber recibido el alta médica. También hizo referencia al incremento de las bajas relacionadas con problemas de salud mental, un fenómeno que considera cada vez más frecuente.
Para la dirigente sindical, la explicación del aumento de las incapacidades temporales hay que buscarla en el envejecimiento de la población trabajadora, en el deterioro de la salud mental y, sobre todo, en la saturación que sufre el sistema sanitario público. En este sentido reclamó una mayor inversión en la sanidad pública para reducir los tiempos de espera y agilizar tanto los diagnósticos como los tratamientos, convencida de que ello permitiría acortar muchas bajas laborales.
Asimismo, rechazó que exista un fraude generalizado entre los trabajadores que faltan al trabajo los lunes o los viernes, una teoría que suele aparecer de forma recurrente en el debate público. Recordó que cualquier ausencia debe justificarse documentalmente y que la legislación ya contempla mecanismos suficientes para sancionar a quienes incumplen sus obligaciones. A su juicio, lanzar sospechas indiscriminadas sobre los trabajadores solo contribuye a generar un clima de desconfianza que no se corresponde con la realidad de la inmensa mayoría de los casos.
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