Hay una gimnasia mental verdaderamente prodigiosa en la diplomacia oficial cuando toca mirar hacia el norte de África. Ante los acontecimientos que acorralan a Ceuta, la norma moral no debería requerir un manual de instrucciones: en cualquier embestida geopolítica, la decencia exige alinearse con los agredidos y jamás con los agresores. Sin embargo, cuando la ciudad autónoma —con apenas 85.000 habitantes censados— se vio convertida en el blanco de una presión orquestada desde Rabat, la respuesta institucional del Estado rozó el ridículo.
Cuando la policía fronteriza del régimen de Mohamed VI abrió los espigones de Tarajal, permitiendo la entrada masiva de miles de personas, la explicación no admitía circunloquios: o el Gobierno de Marruecos organizó directamente la invasión o fue cómplice por omisión calculada. En cualquier país riguroso se llamaría chantaje. Pretender que aquellos miles de jóvenes buscaban unas vacaciones espontáneas en Ceuta exige una credulidad que raya en la ingenuidad. La tragedia de fondo es innegable: quienes arriesgan la vida cruzando esa valla huyen de un régimen del que nadie desea formar parte, desde migrantes subsaharianos que precisan protección internacional hasta ciudadanos marroquíes desesperados por escapar del atraso, y sí algunos imposibilidados de obtener un pasaporte por tener cuentas con la justicia, pero otros ahogados ante la incapacidad de pagar los sobornos necesarios a los funcionarios encargados de entregarlos. Resulta paradójico defender que Ceuta acabe bajo el control de un Estado del que sus propios súbditos intentan huir a la desesperada.
Por eso resulta incomprensible la postura del PSOE de Pedro Sánchez. Negarse a respaldar la manifestación de apoyo al pueblo ceutí que se celebra este 2 de septiembre en más de 260 municipios —promovida por la FEMP y la sociedad civil— o poner trabas burocráticas a través de la Delegación del Gobierno de Madrid es un desatino colosal. Si la izquierda teme el oportunismo de la derecha en estas concentraciones, la mejor receta era acudir, liderar y defender la soberanía del Estado desde una posición menos patriotera y más patriótica. Al borrarse, el oficialismo parece más preocupado por no incomodar al Palacio Real de Rabat que por proteger a sus propios ciudadanos.
Desde la provincia de Almería, curtida en las complejas dinámicas del Mediterráneo, este conflicto no es lejano. Históricamente, Ceuta estuvo adscrita administrativamente a la provincia de Cádiz, como Melilla a Málaga, y fue el PSOE quien impidió que formaran parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por eso los andaluces nos debemos sentir especialmente llamados a solidarizarnos con nuestros hermanos del norte de África.
Apoyar la movilización ciudadana de este 2 de septiembre no es una cuestión de partidismo, ni tan siquiera de patriotismo españolista, sino de pura dignidad humana.
