Tras un fin de semana de ensimismamiento, pausas reflexivas y deshoje de margaritas, Pedro Sánchez ha anunciado la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Se nos presenta la cita como un inapelable «adelanto electoral», aunque lo de adelanto sea un eufemismo contable: recortar unos meses a 2027 para votar a finales de 2026. Lo verdaderamente fascinante del asunto no es el almanaque, sino la repentina urgencia. Durante años, cada vez que la calle clamaba por soluciones ante problemas sangrantes, la consigna del Gobierno del Estado era siempre la misma: «no hay que legislar ni tomar decisiones en caliente». Sin embargo, a raíz del mediático desahucio de Mari Carmen, el Consejo de Ministros tramitó dos reales decretos en cuestión de 24 horas y los despachó al pleno del Congreso en un visto y no visto de 48 a 72 horas para su convalidación. Sin margen para la negociación ni el sosiego.
La verdadera pirotecnia política llegó justo después. Bastó que el Congreso de los Diputados tumbase la iniciativa para que el presidente del Gobierno apretase el botón rojo y disolviese las Cortes. Eso sí que es convocar en caliente. Resulta aleccionador observar la plasticidad del criterio oficial. Desde la provincia de Almería, donde asuntos tan acuciantes como el déficit hídrico o la conectividad ferroviaria suelen recibir como respuesta institucional llamadas a la paciencia burocrática y al rigor de los tiempos, llama la atención comprobar cómo la política estatal salta del letargo al frenesí según soplen los vientos en la Moncloa.
La memoria reciente es obstinada. La legislatura ha transcurrido en un permanente dique seco presupuestario. El pasado 30 de septiembre se volvió a rebasar el límite legal previsto para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio siguiente, contraviniendo el mandato explícito del artículo 134.3 de la Constitución. Una legislatura entera sin cuentas públicas actualizadas y no pasó nada. La parálisis presupuestaria se asumió como paisaje cotidiano, sin que nadie asumiera responsabilidades ni se atreviera a sugerir que la falta de presupuestos fuera motivo para ir a las urnas.
Tampoco tembló el pulso del Ejecutivo cuando la sombra de la corrupción alcanzó las plantas nobles del poder. Cayeron consecutivamente los dos hombres fuerte de la estructura orgánica del partido, los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán, mientras los tribunales investigaban las supuestas cloacas de Ferraz. Ante el desgaste institucional más grave de los últimos años, la respuesta fue la resistencia y el cerrojo político. Ni una sola convocatoria electoral, ni un paso al lado. Ocurrió lo mismo con el giro de 180 grados en la política exterior respecto al Sáhara Occidental, entregado a Marruecos sin debate plenario, sin respaldo parlamentario ni explicación transparente; o con la gestión de la crisis migratoria y fronteriza vivida en Ceuta y su posterior respuesta gubernamental. En todos esos episodios de calado histórico, el presidente demostró una resistencia imperturbable.
Ha tenido que ser el tropiezo parlamentario de un decreto confeccionado a contrarreloj sobre el caso de Mari Carmen lo que finalmente ha dinamitado la legislatura. Ni la inobservancia de la Constitución con los presupuestos, ni el desfile judicial de los números dos del partido, ni los vaivenes geopolíticos internacionales. La razón definitiva para poner fin al mandato ha sido la simple constatación de que la aritmética parlamentaria ha dejado de responder al mando a distancia. Así, el próximo 29 de noviembre los ciudadanos volverán a ser llamados a las urnas porque el presidente ha considerado que, en esta ocasión, sí convenía actuar en caliente. Habrá que ir preparando las papeletas mientras en las provincias del sur se sigue esperando que la misma urgencia desplegada para convocar elecciones se aplique alguna vez a resolver las carencias históricas que acumula el territorio.
