Cuando una frase lo cambia todo

Por lo general, las resoluciones judiciales están plagadas de tecnicismos, de jerga procesal, de un lenguaje frío y calculado que solo interesa a los juristas y a quienes siguen de cerca los vericuetos del Derecho, y que quienes hemos hecho información de tribunales tenemos que desmenuzar y convertir en algo comprensible... e interesante para nuestra audiencia. Pero de vez en cuando, una sola frase, perdida en medio de folios y folios, puede cambiarlo todo. A veces está en los hechos probados, porque reflejan la dureza del crimen o la maldad del criminal, pero en otras, la miga no está en el aspecto emocional, ni tan siquiera en el punto de vista jurídico, sino desde el político. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con el auto del juez que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

En ese auto aparece una frase que, leída con atención, es dinamita pura: "A raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno y aprovechando la información publicada en el diario El Mundo…". Ahí está. Una frase que, jurídicamente, no debería tener más peso que el contexto en el que se menciona: una simple narración de los hechos previos a la presunta filtración de datos personales a los medios. No era necesario referirse a si hubo o no indicaciones, ni de dónde vinieron, a no ser que se vaya a actuar también contra quien las impartió, y tampoco tiene sentido contextualizar el presunto delito en el ámbito mediático. Pero esa frase ha volado por los aires el tablero político.

Porque el núcleo judicial del caso es bastante más sencillo: se trata de dilucidar si el fiscal general cometió o no un delito al filtrar información sobre un ciudadano particular a determinados medios. Punto. Esa es la cuestión procesal. ¿Hubo filtración? ¿Hubo delito? ¿Fue el responsable? Nada más. Lo otro —las “indicaciones” de Moncloa— no es lo que se está juzgando. Al menos no por ahora.

Sin embargo, desde el punto de vista político, esa frase lo cambia todo. Porque cuando en un auto judicial se escribe “Presidencia del Gobierno”, todos —políticos, periodistas, opinadores y ciudadanos— sabemos a quién se está señalando. No es a un funcionario anónimo, ni a un asesor de segunda fila. No. Se está apuntando, aunque sea de forma indirecta, al presidente del Gobierno: Pedro Sánchez, o como mínimo, a su jefe de Gabinete y hoy ministro.

Y claro, eso ya no es un detalle menor. Si se llegara a probar que la filtración se hizo por indicación directa de Presidencia, estaríamos ante algo mucho más grave. Pero como no se aporta un nombre ni un apellido, como no hay una prueba directa de que Pedro Sánchez dio esa orden, lo que queda es una sombra. Una insinuación. Una sospecha.

¿Y qué ocurre con las sombras en política? Que hacen tanto daño como las certezas. A veces más.

Pero también lo contrario. Porque no han faltado periodistas y tertulianos de la órbita gubernamental que se afanen en acogerse a esa falta de indicios sobre las indicaciones de Presidencia, para considerar que el auto es inaceptable. No, no es así, precisamente porque no se pretende juzgar a la Presidencia que presuntamente dio instrucciones, sino al fiscal que autorizó la emisión de la nota de prensa.

De mismo modo, se ha afirmado que hay media docena de periodistas que accedieron a la información antes de que llegara a manos del Fiscal General, y por tanto. éste no pudo revelar nada. Tampoco es tan así. Primero porque podría haberles llegado desde alguien distinto a García Ortiz pero por indicación de éste, segundo, porque el hecho de que lo tuviesen los periodistas no quiere decir que ya fuese de público conocimiento si no estaba publicado, y tercero y más importante, que todo lo anterior no exime al Fiscal de mantener la confidencialidad, y por tanto podía desmentir la noticia sobre González Amador sin entrar en detalles concretos y personales. Bastaba con difundir un "esta Fiscalía General desmiente la información publicada en (medio) en relación al caso que afecta a (persona)", y en virtud de la Ley de Protección de Datos y otras, no dar más detalles.

Esto no es nuevo. Ya lo vivimos con la sentencia del caso Gürtel, cuando el Tribunal Supremo confirmó que el Partido Popular se había beneficiado económicamente de la trama corrupta como “partícipe a título lucrativo”. Jurídicamente, eso no significaba que el PP como organización hubiera cometido un delito. Ni siquiera se juzgaba su responsabilidad penal como tal. Pero bastó esa expresión, y la mención a una presunta caja B, para que el PSOE impulsara una moción de censura que acabó con el Gobierno de Rajoy y colocó a Pedro Sánchez en La Moncloa.

No importó que los condenados fueran personas concretas. La idea que se impuso políticamente fue que el PP era un partido corrupto. Punto. Esa fue la narrativa. Y con eso bastó.

Más atrás aún, en los años del felipismo, otro juez, Baltasar Garzón, dejó escrito en una resolución que había una “X” por encima de José Barrionuevo, Rafael Vera y los mandos policiales implicados en los GAL. ¿Quién era esa X? Nunca se pudo demostrar, pero el eco político de esa letra fue atronador. Todos sabíamos que se refería al propio Felipe González, y que poner ese detalle negro sobre blanco no tenía más objetivo que vengarse de éste por no haber sido nombrado ministro. No hizo falta más.

Volviendo al caso actual, lo que ha hecho el juez instructor es abrir la puerta a una tormenta política. Si no se puede demostrar quién dio esa “indicación” desde Presidencia, esa frase no tiene ningún valor jurídico directo. No es imprescindible para el auto. No es un elemento probatorio concluyente. Pero ahí está. Y está generando un efecto devastador en el debate público.

¿Era necesario incluirla? Desde el punto de vista estrictamente judicial, probablemente no. Pero desde el punto de vista político, es un misil. Un detalle que puede acabar reconfigurando el escenario institucional. Porque aunque no se pueda probar que Pedro Sánchez dio la orden, el simple hecho de que alguien señale a “Presidencia del Gobierno” ya genera una presión inmensa. Una presión que ya ha llevado a algunos partidos a exigir explicaciones —y hasta responsabilidades— al presidente.

Las frases en los autos judiciales importan. Mucho. Y más aún cuando están cargadas de ambigüedad y se lanzan en mitad de un clima político polarizado y crispado. A veces una palabra, una frase, una línea que debería pasar desapercibida en el lenguaje frío del Derecho, acaba escribiendo capítulos enteros de la Historia.

Y esta, probablemente, no sea la última vez que ocurra.