El último balance del informe PISA ha vuelto a certificar el peor desplome histórico del rendimiento escolar en el toda España, pero la tormenta política provocada por semejante catástrofe ha durado apenas veinticuatro horas. De pisa y corriendo, los responsables públicos despacharon un problema estructural con un par de excusas prefabricadas, demostrando el escasísimo interés que tiene la clase política en general por el sistema educativo.

El abismo con el promedio europeo alcanza los 21 puntos en la disciplina matemática, mientras que un demoledor 57 % del alumnado andaluz no alcanza siquiera el nivel básico de competencia científica. Ante este escenario, la actual ministra de Educación, Milagros Tolón, se han parapetado en los tópicos habituales, desde que todos los países han bajado, a que la culpa es de las Comunidades ya que tienen transferida la Educación, olvidando no solo que allí donde no lo está (Ceuta y Melilla) tienen los peores datos, y también que todas las Comunidades tienen que cumplir con la Ley estatal. Toda una exhibición de prisa institucional para dar por zanjado el asunto antes de que el electorado empiece a exigir responsabilidades... pero es cierto, el Gobierno del PSOE y quienes impulsaron la ley Celaá tienen culpa, pero no tienen menos los gobiernos autonómicos en el ámbito de su competencia, y muchos son del PP, con lo cual... todos calladitos, que están más guapos (y guapas).

En este recorrido hacia la mediocridad, la perspectiva histórica ofrece un saldo demoledor. Desde el inicio del periodo democrático, el Estado ha encadenado ocho grandes leyes orgánicas de educación. Más de 34 años de este itinerario han estado modelados por marcos legislativos diseñados por el Partido Socialista (PSOE), frente a apenas 7 años bajo el despliegue efectivo de las normas aprobadas por el Partido Popular (PP). Ciertamente, ocho leyes representan una sobreproducción legislativa absurda, pero el debate clave no estriba en si las normas han sido muchas o pocas, sino en si han servido para mejorar o empeorar la enseñanza. La evidencia es incontestable: cada reforma ha servido, de manera casi milimétrica, para deteriorar el sistema. ¿A nadie se le ha ocurrido la peregrina idea de investigar cómo se estudia en aquellos países donde los resultados son buenos, a ver qué podemos aprender?

Tampoco resulta casual que este descalabro coincida con la paulatina pérdida de peso académico en las propias bancadas institucionales. El análisis global del Congreso de los Diputados refleja un retroceso evidente en la cualificación de sus señorías: la presencia de doctores y catedráticos ha caído al mínimo histórico del 12 %, las ciencias exactas apenas representan el 2 % de la Cámara y proliferan los perfiles cuya única trayectoria profesional se ha construido dentro del aparato de partido. Su presencia en las instituciones es ejemplo de que para ganar un buen sueldo no es imprescindible prepararse academicamente, pero también cabe preguntarse como va a promover una ley educativa quien abandonó los estudios en el bachiller... es tan flipante como escuchar a los políticos que jamás han hecho otra cosa que no sea política, explicarnos a los demás cómo debemos emprender un negocio, saber qué necesitamos...

Mientras las familias almerienses y el profesorado sostienen las aulas entre ratios elevadas y burocracia asfixiante, en los despachos oficiales prefieren pasar de pisa sobre el tema y mirar hacia otro lado. Han consolidado un modelo donde la exigencia cotiza a la baja y donde los platos rotos los pagan las futuras generaciones. Resolver en veinticuatro horas el mayor fracaso educativo de la historia reciente no es una muestra de eficacia, sino la constatación de que la educación solo les importa cuando entra en la agenda de propaganda.