El Defensor del Pueblo Andaluz ha instado a las entidades locales a regular de forma urgente el uso institucional de las redes sociales, tras resolver una queja presentada por un vecino de Cantoria (Almería) que fue bloqueado en un perfil de Facebook vinculado al Ayuntamiento. El caso, emblemático de la falta de claridad normativa en este ámbito, ha llevado a la institución a advertir sobre los riesgos de utilizar plataformas digitales sin criterios transparentes, especialmente cuando se emplean para fines administrativos o de comunicación pública.
El origen del conflicto se remonta a la queja 24/2492, presentada por un residente de Cantoria que denunció haber sido bloqueado en el perfil «Ayuntamiento de Cantoria» en Facebook sin recibir explicación alguna. El Defensor del Pueblo solicitó información al consistorio, preguntando si el perfil era oficial y si existían normas que regularan su uso. La respuesta del Ayuntamiento sorprendió: argumentó que se trataba de un perfil «privado», creado por el equipo de gobierno «como grupo o colectivo», no como institución, y que su finalidad era compartir acciones gubernamentales bajo un formato de «conversación» con la ciudadanía. Además, alegó que al ser un perfil no institucional, el bloqueo era una herramienta válida, como en cualquier cuenta privada.
Sin embargo, el Defensor rechazó esta interpretación. Tras analizar el perfil, destacó que la página web oficial del Ayuntamiento incluye un enlace directo al Facebook en cuestión, cuyo nombre («Ayuntamiento de Cantoria») y contenido —que incluye retransmisiones de plenos municipales, anuncios de eventos públicos y comunicaciones institucionales— reflejan un carácter inequívocamente público. «No se advierte en ningún momento su supuesta naturaleza privada, ni la información compartida tiene que ver con la esfera íntima de sus gestores, sino con su labor como autoridades», subrayó el organismo en su resolución.
Recomendaciones para todas las entidades locales
Ante esta contradicción, el Defensor emitió una resolución exigiendo al Ayuntamiento de Cantoria que defina de forma clara si el perfil es público o privado. Si opta por lo primero, deberá aprobar en pleno una normativa que regule el uso de redes sociales, incluyendo su finalidad, normas de conducta y mecanismos de transparencia, publicándola en su web. «No puede haber ambigüedades: si una red social se utiliza para difundir actos institucionales, debe someterse a los principios del derecho administrativo», señaló el informe.
Pero el caso de Cantoria es solo la punta del iceberg. El Defensor alertó de que muchas entidades locales están usando redes sociales o aplicaciones como WhatsApp para iniciar trámites administrativos, comunicar resoluciones o incluso gestionar derechos ciudadanos, sin regulación alguna. «Estas herramientas agilizan la comunicación, pero no pueden eludir las garantías legales. Las formalidades administrativas no son un capricho: protegen los derechos de la ciudadanía y el interés público», recalcó.
Un debate necesario
La polémica abre un debate sobre el límite entre la comunicación política y la institucional en la era digital. Mientras algunos ayuntamientos mezclan cuentas personales de cargos públicos con perfiles oficiales, el Defensor insiste en que toda plataforma que ejerza funciones públicas debe ser regulada para evitar censuras arbitrarias —como bloqueos sin justificación— y garantizar el acceso igualitario a la información.
«Pedimos regulación, no prohibición», aclaró el organismo, subrayando que su objetivo no es frenar la innovación tecnológica, sino asegurar que su uso respete la legalidad. La propuesta incluye que los municipios publiquen normas claras sobre qué redes usan, con qué fines y bajo qué condiciones, evitando que su gestión dependa de la discrecionalidad de un funcionario o cargo político.
El Ayuntamiento de Cantoria tiene ahora la palabra para adaptarse a estas exigencias. Mientras, el Defensor del Pueblo Andaluz ha anunciado que vigilará otros casos similares, advirtiendo que la falta de regulación no solo genera confusión, sino que erosiona la confianza en las instituciones. En un mundo cada vez más digital, la transparencia y las reglas claras se antojan más necesarias que nunca.
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