El avance del crimen organizado y el tráfico de sustancias ilegales a lo largo de todo el litoral sur preocupa firmemente a los representantes políticos, quienes advierten de que las mafias han expandido sus rutas tradicionales desde Cádiz hasta la provincia de Almería. Ante esta compleja tesitura, el PP ha reclamado de forma urgente al Gobierno de España una dotación masiva de efectivos y herramientas tecnológicas avanzadas, censurando que la pasividad institucional está convirtiendo las aguas andaluzas en auténticas autopistas libres para el tránsito de las narcolanchas.

Durante un encuentro político celebrado en la comarca de la Axarquía, los dirigentes populares pusieron de manifiesto el grave desamparo operativo que padecen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la costa andaluza. La líder provincial de la formación en Málaga, Patricia Navarro, reprochó la falta estructural de herramientas idóneas para contrarrestar la delincuencia contemporánea, enfatizando que los agentes se ven obligados a interceptar a las redes criminales con recursos obsoletos y claramente deficientes. Según denunció Navarro, desde múltiples municipios del litoral se lleva más de un año advirtiendo de que las embarcaciones ilícitas actúan con total desparpajo e impunidad, llegando a mofarse activamente de unos efectivos policiales que navegan en clara desventaja material.

La representante del PP vinculó de forma directa el incremento de la actividad delictiva con la falta de personal en las plantillas en activo, haciéndose eco de los avisos sindicales que cifran el déficit en cientos de puestos vacantes de la policía nacional y de la guardia civil. Esta flaqueza en la vigilancia ya se traduce en un impacto palpable en las estadísticas de delincuencia de localidades costeras, donde los asaltos violentos con intimidación se han duplicado en los últimos años y los robos con fuerza cometidos en el interior de viviendas han experimentado un repunte cercano al noventa por ciento. Por esta razón, demandó una profunda remodelación legislativa que endurezca las penas para quienes quebranten la ley y comprometan la integridad de los servidores públicos.

Por su parte, la responsable del área de Interior en el partido, Ana Vázquez, instó al Ministerio del Interior liderado por el PSOE a otorgar la consideración jurídica de Zona de Especial Singularidad a toda la franja marítima de la comunidad autónoma. Vázquez alertó sobre la imparable expansión geográfica del negocio de la droga, manifestando textualmente que "estamos viendo que los narcos ya van desde Cádiz hasta Almería, llegando incluso hasta Murcia". Del mismo modo, censuró la precaria operatividad de las infraestructuras de seguridad en el sur peninsular, señalando que la inmensa mayoría de las casas cuartel permanecen cerradas fuera de los horarios básicos, lo que debilita la protección ciudadana en un entorno donde las agresiones físicas a uniformados han crecido más de un treinta por ciento.

Con el fin de revertir este panorama, el grupo parlamentario avanzó la redacción de un paquete integral integrado por un centenar y medio de propuestas legislativas elaboradas en consenso con los profesionales del sector. Entre las líneas de actuación prioritarias figura el reconocimiento de las labores policiales como profesión de riesgo y el restablecimiento inmediato de unidades operativas especializadas en la lucha contra el narcotráfico, cuya disolución previa ha sido vinculada por las instancias fiscales con un aumento de las acciones hostiles y un desplome en la incautación de sustancias prohibidas. Los populares llevarán esta batería de exigencias al Congreso de los Diputados mediante una iniciativa formal para forzar la comparecencia urgente de la Secretaría de Estado de Seguridad.