La cúpula del PP ha mantenido una intensa jornada de trabajo con una quincena de organizaciones sindicales y colectivos profesionales de las fuerzas de seguridad para ultimar su estrategia contra la delincuencia organizada. El diseño de este paquete de medidas surge como respuesta directa al escenario que se vive en las costas del sur y, de manera muy señalada, ante los recientes y preocupantes altercados vinculados a las redes del tráfico de estupefacientes que han encendido las alarmas en la provincia de Almería y en tierras onubenses.
La encargada del área de Regeneración Institucional de la formación, Cuca Gamarra, junto a la especialista en materia de Interior, Ana Vázquez, han pilotado este encuentro en la sede nacional del partido. Ambas dirigentes han advertido del menoscabo en los índices de seguridad ciudadana y han urgido a dotar de herramientas de última generación, tanto de protección como de investigación, a los efectivos que operan en primera línea de playa. Los populares se han comprometido a implementar este plan de choque integral de forma prioritaria en caso de asumir las riendas del Ejecutivo central.
La propuesta legislativa busca transformar el marco judicial actual mediante un endurecimiento sustancial del Código Penal contra el crimen organizado. Entre las principales novedades, el plan contempla que la instrucción de las causas por narcotráfico recaiga directamente bajo la jurisdicción de la Audiencia Nacional y plantea la creación de juzgados específicos. Asimismo, la hoja de ruta incluye la dotación de armamento y elementos de disuasión no letales para que el Servicio Marítimo pueda neutralizar las narcolanchas, así como la declaración de Zona de Especial Singularidad para todo el frente costero andaluz y la comarca del Campo de Gibraltar.
Otro de los caballos de batalla del proyecto es la catalogación de la policía nacional y la guardia civil como profesiones de riesgo, un reconocimiento histórico bloqueado recientemente en sede parlamentaria. Desde el ámbito legislativo, se ha recordado la ofensiva penal que ya se promueve para tipificar de forma específica el transporte de combustible en alta mar —el conocido como 'petaqueo'— con castigos de hasta un lustro de prisión, además de nuevas fórmulas para atajar la multirreincidencia en las calles.
Los promotores de la iniciativa justifican la urgencia de estas reformas basándose en las últimas estadísticas de criminalidad y en el aumento de la violencia por parte de los clanes, que emplean armamento de gran calibre y han expandido sus rutas tradicionales de contrabando hacia el este andaluz. Las filas populares han concluido reafirmando su total respaldo a las plantillas policiales frente a lo que consideran una alarmante inacción institucional, insistiendo en que resulta imperativo blindar jurídicamente y materialmente a quienes velan por el orden público.
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