Los representantes del PP en el Congreso de los Diputados por la provincia de Almería, Maribel S. Torregrosa y Rafael Hernando, junto a los senadores Luis Rogelio Rodríguez-Comendador y Jesús Caicedo, han reclamado al PSOE que respalde de forma definitiva la inclusión del petaqueo como delito en el ordenamiento jurídico de España. El próximo jueves, 26 de marzo, la Cámara Baja someterá a votación final la Ley de Multirreincidencia, un texto legal que incorpora una enmienda clave para tipificar esta práctica, consistente en el suministro de combustible a las narcolanchas. Esta medida se considera una herramienta de vital importancia para combatir a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de droga y de personas que operan de manera recurrente en el litoral almeriense.
La iniciativa legislativa surge ante lo que los representantes populares describen como un bloqueo prolongado por parte del Partido Socialista y la mayoría de izquierdas en la Mesa del Congreso a otras propuestas de modificación del Código Penal. Ante esta situación y la urgencia de establecer mecanismos de control contra las narcolanchas, el PP optó por introducir una enmienda in voce durante la tramitación de la Ley de Multirreincidencia en la Comisión de Justicia. Tras ser aprobada en el pleno del Congreso el mes pasado y continuar su recorrido en el Senado, la propuesta ha sido perfeccionada con el asesoramiento de la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional para garantizar su eficacia técnica y jurídica en todo el Estado español.
Uno de los aspectos más relevantes de esta reforma es el endurecimiento de las penas previstas para quienes realicen labores de apoyo logístico al narcotráfico. Según ha detallado Maribel S. Torregrosa, las condenas pasarán de una horquilla de uno a cinco años a un rango definitivo de entre tres y cinco años de prisión. Además, el texto final elimina conceptos jurídicos indeterminados como el de temeridad manifiesta, una modificación técnica que busca facilitar la labor de jueces y fiscales al permitir una actuación más objetiva y eficaz. El objetivo del PP es que esta ley sea imprescindible para proteger los más de 200 kilómetros de costa de la provincia de Almería y ha solicitado que su entrada en vigor sea inmediata, concretamente al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
En el marco de esta exigencia legislativa, la diputada almeriense ha puesto el foco en la situación de vulnerabilidad que atraviesa la guardia civil en la zona. Desde el PP se denuncia una falta de medios materiales y humanos que deja a los agentes en condiciones de desigualdad frente a las mafias. Por ello, se ha insistido en la necesidad de que el Ministerio del Interior dote a la provincia de embarcaciones adecuadas, refuerce la presencia de helicópteros y mejore los sistemas de vigilancia como el SIVE. Torregrosa ha apelado directamente a los diputados socialistas de Almería para que no den la espalda a la realidad de su provincia y voten a favor de una medida que busca evitar que se repitan incidentes trágicos en las labores de vigilancia marítima.
Por su parte, Rafael Hernando ha incidido en que esta reforma legal es un paso necesario para reforzar el Estado de Derecho frente a la multirreincidencia y las estructuras de las organizaciones criminales. El diputado ha subrayado que, gracias a la presión e iniciativa del PP, los órganos judiciales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad contarán con instrumentos más precisos para intervenir contra quienes facilitan las operaciones de tráfico de estupefacientes y de seres humanos. El parlamentario ha reiterado la exigencia de que el Gobierno de España actúe con una contundencia mayor ante el incremento de actividades delictivas detectadas en las aguas andaluzas, proporcionando el respaldo necesario a los profesionales que arriesgan su vida diariamente.
La aprobación de esta ley supondrá un cambio de paradigma en la persecución del auxilio logístico al narcotráfico en Almería. Al considerar el petaqueo como un delito autónomo, se espera que la presión policial sea mucho más efectiva al atacar directamente la cadena de suministro de las embarcaciones rápidas. Los representantes del PP confían en que el consenso alcanzado en las fases previas de la tramitación se mantenga el próximo jueves, permitiendo que la justicia cuente con un marco normativo más robusto para proteger la seguridad de los ciudadanos y la integridad de las fronteras marítimas de la provincia.
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