Garrucha blinda el terreno del antiguo faro para servicios públicos

El municipio de Garrucha (Almería) ha dado un paso estratégico para recuperar un espacio emblemático de su litoral. El consistorio ha puesto en marcha los trámites para modificar el planeamiento urbanístico de la parcela que albergaba el antiguo faro, con el firme propósito de que este suelo se convierta en la sede de la futura estación de autobuses y las dependencias de la policía nacional o local del municipio.

La decisión, formalizada este lunes mediante la firma de la propuesta de inicio por parte del alcalde, Álvaro Ramos, surge como respuesta a la reciente subasta anunciada por la autoridad portuaria sobre este inmueble, ubicado en el Paseo de la Marina. La finca, con una extensión superior a los 4.500 metros cuadrados, salió al mercado con un precio de salida de 2,6 millones de euros tras ser declarada innecesaria para las labores de señalización marítima por parte del Estado.

Desde el equipo de gobierno de Garrucha se justifica esta medida por la necesidad de dotar a la localidad de infraestructuras que consideran vitales y que acumulan décadas de demora. En este sentido, el regidor ha sido especialmente crítico con la gestión de los organismos portuarios dependientes tanto del Gobierno central como de la Junta de Andalucía, denunciando lo que califica como un "incumplimiento sistemático" de las promesas realizadas al pueblo garruchero.

Ramos ha manifestado con dureza que las administraciones superiores ven al municipio exclusivamente como un ente recaudatorio. El primer edil ha asegurado que "tanto Puertos en Madrid como en Sevilla tratan a Garrucha exclusivamente como un municipio donde recaudar dinero, sin que recibamos nada a cambio de esa presión recaudatoria. Es una situación injusta que no vamos a permitir por más tiempo". Asimismo, ha advertido que, a partir de ahora, la relación institucional se basará en la misma reciprocidad y respeto que el municipio reciba de estos entes.

Para agilizar este cambio de uso del suelo, el Ayuntamiento se amparará en la normativa urbanística vigente en la comunidad (Ley Lista), que permite adaptar la ordenación de forma más rápida para atender demandas sociales urgentes. Con este movimiento, Garrucha busca frenar la venta privada de un espacio que el consistorio considera de "justicia" que revierta en el beneficio de sus ciudadanos y en la mejora de la movilidad urbana.