La organización ecologista Greenpeace ha presentado su informe Destrucción a Toda Costa 2026, en el que sitúa ocho enclaves de la provincia de Almería entre las zonas del litoral expuestas a un elevado riesgo de inundación y pérdida de superficie de playa. El documento alerta sobre una fragilidad sin precedentes en la costa, destacando que la superficie urbanizada en la franja litoral del Estado español se ha duplicado en las últimas tres décadas hasta alcanzar un 13,1 por ciento de ocupación. Este proceso de desarrollo intensivo, basado en el ladrillo, ha debilitado la protección natural del territorio costero frente al avance innegable del cambio climático y la subida del nivel del mar.

En la capital almeriense, el análisis señala con especial preocupación el proyecto Retamar-El Toyo II, una propuesta de macrourbanización proyectada para construirse sobre 12 hectáreas que prevé la edificación de 323 viviendas en la franja de amortiguación del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Esta actuación ha sido denunciada ante el Seprona por la destrucción directa del azufaifar, un hábitat de interés comunitario que representa el ecosistema mejor conservado de esta especie en todo el continente europeo. Asimismo, dentro del marco de este espacio protegido en Níjar, la organización cuestiona diversas intervenciones y proyectos previstos en la zona de la Playa de los Genoveses.

El balance del informe aborda también la situación en el levante almeriense. En el municipio de Carboneras, se destaca el estado del hotel de El Algarrobico tras un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía que declara la nulidad de pleno derecho de su licencia de obras. Esta resolución, alcanzada tras más de dos décadas de litigios y medio centenar de resoluciones judiciales, elimina los obstáculos administrativos para acometer su urgente demolición. Por otro lado, en Mojácar, el desarrollo del proyecto Macenas Mediterranean Resort plantea un consumo crítico de agua estimado entre 1.500 y 2.000 litros por metro cuadrado de césped al año en una zona azotada por un severo estrés hídrico, amenazando además a la especie vegetal endémica Limonium estevei y poniendo en riesgo a las poblaciones asentadas de tortuga mora.

En la comarca del Poniente, el informe sitúa la mayor focalización de riesgos físicos derivados de la dinámica marina. En El Ejido, se advierte de un riesgo permanente de inundación costera y del continuo retroceso en la playa de Balerma, condicionado también por el impacto del Paraje y Reserva Natural de Punta Entinas-Sabinar, donde la extracción de arena y el efecto de las infraestructuras portuarias cercanas complican la estabilidad de la costa. Para hacer frente a estos destrozos y a las consecuencias de los temporales en El Ejido y en el municipio de Adra, se ha requerido una movilización específica de fondos estatales ascendente a 700.000 euros destinada a labores de recuperación y aportación de arena.

Estos costes locales forman parte de una factura mucho mayor generada por el impacto de los temporales invernales en la costa andaluza, donde la sucesión de borrascas provocó destrozos que han obligado a desembolsar 48,3 millones de euros en reparaciones, cifra que equivale al 20 por ciento del gasto total en el Estado español. En este sentido, Greenpeace calcula que más de 23,5 millones de euros se han destinado exclusivamente a soluciones temporales y parches de arena que resultan efímeros ante el empuje de las olas. A este respecto, el coordinador territorial de la entidad en Andalucía, Luis Berraquero, ha subrayado que quienes ven la Ley de Costas como una amenaza deben comprender que la verdadera sentencia se firmó al asumir que el cemento superaría al oleaje, añadiendo que aferrarse a un litoral que ya no existe supone financiar un naufragio anunciado.

El informe enfatiza que la progresiva pérdida de espacio costero supone un peligro directo para la economía y la estabilidad social, dado que el 41 por ciento de los 8.666.412 habitantes de la comunidad autónoma andaluza reside en la franja litoral, un área donde el turismo de sol y playa concentra el 62 por ciento de la ocupación turística del Estado español. Las proyecciones hacia el año 2050 estiman que el mar podría engullir hasta 25 metros de playa en los escenarios más desfavorables, lo que conllevaría un impacto directo en el empleo y las infraestructuras. A este escenario de alteración física se suma la crisis de biodiversidad marina provocada por el incremento de la temperatura del agua, el desplazamiento de especies a mayor profundidad, la reducción del tamaño de recursos pesqueros como el boquerón o la sardina y la proliferación de especies invasoras como el alga asiática.

Ante este panorama, la organización ecologista reclama abandonar las regeneraciones artificiales recurrentes y sustituir los espigones o diques de hormigón por una gestión adaptativa basada en soluciones naturales. Entre las medidas urgentes planteadas se incluye la aplicación de moratorias urbanísticas reales que impidan nuevas construcciones en suelos libres o inundables, la planificación de la retirada progresiva de edificaciones e infraestructuras situadas en zonas de alto riesgo, el manejo adecuado de ríos y embalses para permitir la llegada de sedimentos naturales a las playas y la definición del futuro del litoral bajo criterios puramente científicos e independientes de los intereses políticos a corto plazo.