El debate sobre la gestión del agua en el Estado español ha alcanzado una temperatura crítica en el Congreso de los Diputados, situando a la provincia de Almería en el epicentro de la confrontación política. Durante la discusión de una Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario del PP, la diputada Bella Verano Domínguez ha denunciado con contundencia lo que considera una parálisis sistemática de las infraestructuras vitales para el territorio almeriense. Según la representante popular, si se pretende hablar con rigor de política hidráulica en España es necesario comenzar por una realidad que ha calificado de incómoda, asegurando que el Gobierno no está ejecutando sus propios planes. En este sentido, ha subrayado que, a pesar de que el Estado español tenía previstas inversiones superiores a 36.000 millones de euros en planificación hidrológica, el grado de ejecución apenas alcanza el 6 por ciento. Para la diputada, este escenario evidencia que no existe un problema de diagnóstico, ya que los proyectos y las necesidades están identificados, sino que falla la capacidad de garantizar la seguridad hídrica y el equilibrio territorial.
La situación en la provincia de Almería ha sido descrita por Verano como especialmente alarmante, contabilizando hasta 17 infraestructuras pendientes de ejecución por parte del Estado. Entre estas obras, ha destacado las actuaciones en las desaladoras del Bajo Almanzora, situadas en el entorno de Cuevas del Almanzora, así como las de Carboneras y el Campo de Dalías, que afecta directamente a municipios como El Ejido. A este retraso en las obras de interés general se suman, según la parlamentaria, los efectos de los recortes constantes al trasvase Tajo-Segura, un recurso fundamental para la agricultura del levante. Bella Verano ha defendido la necesidad de un pacto de Estado que permita anticipar y garantizar una gestión equilibrada frente a la improvisación, señalando que España necesita más de 104.000 millones de euros en la próxima década para afrontar sequías e inundaciones. La diputada ha sido tajante al afirmar que mientras el Estado no cumple, la Junta de Andalucía sí está respondiendo, asumiendo incluso actuaciones que no son de su competencia porque sabe que si no lo hace, nadie lo hará.
Por su parte, la respuesta desde las filas del PSOE no se ha hecho esperar. La diputada Trinidad Carmen Argota Castro ha rebatido las acusaciones del grupo popular, calificando la intervención de Verano como carente de visión sobre la ordenación del territorio y el cambio climático. Argota ha defendido que el compromiso del Gobierno de España con Andalucía se refleja en una inversión total de más de 2.000 millones de euros destinados a la gestión y mejora de los recursos hídricos para garantizar la sostenibilidad y la resiliencia. En su argumentación, ha lanzado un ataque directo a la gestión previa del PP, afirmando que nosotros de los cajones sacamos proyectos paralizados y caducados que su Gobierno dejó olvidados y ha habido que empezar de nuevo con ellos. Para la representante socialista, la solución a los problemas de agua tiene un nombre propio, asegurando que frente a la espera por la gestión autonómica, la solución es Pedro Sánchez.
Centrándose en la realidad de la provincia de Almería, Argota Castro ha cuestionado la veracidad de los reproches sobre la desaladora del Almanzora 1, recordando que fue un proyecto rescatado en 2018 por el actual Ejecutivo tras siete años de inacción del anterior Gobierno. Según los datos aportados por la diputada socialista, esta infraestructura dará el próximo año 20 hectómetros cúbicos más de agua desalada para la provincia. Asimismo, ha defendido el compromiso con el proyecto de Almanzora 2 y ha lanzado un reproche directo a la administración autonómica respecto a la impulsión de la desaladora desde Carboneras a la Venta del Pobre, en Níjar. Sobre este punto, ha denunciado que la Junta de Andalucía no ha aprobado ni adjudicado aún los caudales de concesión del agua, lo que impide cualquier avance. No se puede hacer nada hasta que la Junta haga esta autorización, ha sentenciado, instando al grupo popular a no trasladar al Gobierno central la responsabilidad de lo que considera una ineficacia de la administración de Moreno Bonilla.
El cierre del debate ha evidenciado dos visiones irreconciliables sobre el futuro del agua en Andalucía. Mientras Bella Verano ha concluido su intervención exigiendo que se cumpla lo previsto y se respete lo que los municipios almerienses necesitan, denunciando que el modelo actual pone en riesgo el desarrollo de toda una tierra, Argota Castro ha finalizado defendiendo que el Gobierno de España ha hecho bien sus deberes consiguiendo fondos europeos y diseñando proyectos que garantizan economía y empleo. La parlamentaria socialista ha insistido en que no se puede construir un discurso de confrontación permanente hacia otras administraciones mientras se retrasan actuaciones propias, augurando que el modelo de gestión actual de la Junta de Andalucía ha comenzado su cuenta atrás. La sesión ha concluido con la reafirmación de ambas posturas, dejando en el aire la ejecución de infraestructuras que, para los sectores productivos de Almería, resultan inaplazables.
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