Hace muy pocos días nos despertamos con un nuevo incendio en el asentamiento de infraviviendas de Los Grillos, en Níjar. Otro más. Hablar de chabolismo en la provincia de Almería no es hablar de una anomalía puntual ni de una situación coyuntural, es hablar de un problema estructural, cronificado durante décadas, íntimamente ligado al modelo de agricultura intensiva que sostiene buena parte de nuestra economía provincial.
Un modelo que genera riqueza, exportaciones y beneficios, pero que ha sido incapaz —o ha renunciado— a garantizar condiciones de vida dignas para miles de las personas migrantes que lo hacen posible con su trabajo diario.
Cuando hablamos de chabolismo solemos pensar en asentamientos visibles, pero esa es solo la parte más conocida del problema. Existe otra realidad mucho más extensa y silenciada: la infravivienda rural dispersa, formada por cortijos abandonados, casetas de aperos, almacenes agrícolas o construcciones fuera de normativa, ocultas entre los invernaderos y alejadas de los núcleos urbanos.
Según el informe La infravivienda invisibilizada. Aproximación al chabolismo disperso en los diseminados del campo de Níjar, elaborado por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)-Almería, en el campo nijareño -uno de los municipios más afectados- existen en torno a 470 infraviviendas rurales dispersas, en las que viven entre 1.250 y 1.400 personas, de las cuales al menos 275 son menores de 14 años, cifra que podría superar las 480 personas menores de edad si se amplía el rango hasta los 18 años.
Estos datos desmienten cualquier intento de minimizar el problema. No estamos ante situaciones excepcionales, sino ante una forma estructural de exclusión residencial. En el municipio de Níjar, cerca del 20% de la población reside en diseminados, un porcentaje muy superior al de otros municipios agrícolas de la provincia y que revela hasta qué punto la segregación residencial se ha normalizado.
Las condiciones de vida en estas infraviviendas vulneran de forma sistemática los derechos humanos más básicos: ausencia de agua potable, cortes continuos de electricidad o falta total de suministro, hacinamiento, humedades, mala ventilación, aislamiento geográfico extremo y riesgos constantes de incendio o inundación. A la inmensa mayoría de estas personas el gobierno de PP y VOX les niega el empadronamiento municipal (a pesar de lo establecido por la Ley), lo que les impide acceder con normalidad a la sanidad, la educación, los servicios sociales o la regularización administrativa. Viven y trabajan aquí, pero permanecen obligatoriamente y contra su voluntad fuera del sistema.
Pero esta realidad no es fruto del azar. Es consecuencia de décadas de inacción política, de un mercado del alquiler profundamente discriminatorio y, sobre todo, de un modelo productivo que ha externalizado los costes sociales de la agricultura intensiva. El sector agroalimentario de Almería necesita mano de obra barata, disponible y flexible, pero no asume la responsabilidad de garantizar condiciones de vida dignas para quienes sostienen sus empresas.
El chabolismo no es solo un problema social: es una fractura democrática. Normalizar que miles de personas vivan “bajo el plástico” supone aceptar una desigualdad estructural incompatible con cualquier idea seria de justicia social y de desarrollo sostenible.
Propuestas para una solución corresponsable
Erradicar el chabolismo en Almería es posible, pero exige una corresponsabilidad real de todos los implicados:
- Las empresas agroalimentarias deben asumir compromisos obligatorios en la creación y financiación de alojamientos dignos vinculados al empleo agrícola. Los beneficios no pueden seguir siendo privados mientras los costes sociales recaen sólo en lo público.
- Los ayuntamientos deben impulsar planes locales integrales que combinen realojos, rehabilitación, regularización urbanística y empadronamiento, evitando procesos de desalojo sin alternativa habitacional. Además, mientras estas alternativas no sean una realidad, deben garantizar el acceso a los servicios básicos (limpieza, electricidad, agua…) a esta parte de su población y -por supuesto- deben facilitar su empadronamiento.
- La Diputación Provincial de Almería debe asumir su liderazgo en la coordinación supramunicipal, aportando recursos técnicos y económicos a los municipios con menor capacidad.
- Por fin, la Junta de Andalucía debe aportar una dotación presupuestaria suficiente y ampliación real del Plan para la Erradicación de Asentamientos Irregulares, incorporando de forma clara la infravivienda rural dispersa.
En todo este proceso, deben ocupar un papel central las entidades sociales con una larga trayectoria en la atención a los migrantes y un profundo conocimiento del territorio, como CEPAIM, Almería Acoge y el Servicio Jesuita de Migración, fundamentales para la gestión de alternativas habitacionales dignas y el acompañamiento social.
Erradicar el chabolismo no es una concesión ni una utopía: es una obligación ética, social y política. La dignidad no puede depender del origen ni del tipo de contrato. Garantizar vivienda digna para quienes hacen posible el campo almeriense es una cuestión de justicia social y de futuro para nuestra provincia.
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