Inmovilizados planes de pensiones y préstamos bancarios a investigados en el caso Mascarillas

La investigación judicial que rodea el polémico Caso Mascarillas en la provincia de Almería ha dado un paso determinante con el bloqueo masivo de activos financieros. Bajo la tutela del Juzgado de Instancia número 1 de Almería, y tras las exhaustivas indagaciones del Departamento de Investigación Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se ha ordenado la intervención de hasta 30 productos bancarios y de préstamo pertenecientes a los principales señalados en el proceso. Esta medida busca asegurar posibles responsabilidades económicas derivadas de la gestión de fondos públicos en la Diputación de Almería durante la crisis sanitaria.

Entre los afectados por esta orden destaca el que fuera presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García Molina, vinculado al PP. A García Molina se le han inmovilizado seis productos bancarios, entre los que se encuentran dos cuentas corrientes, un plan de pensiones y tres préstamos, arrojando un saldo positivo global de 17.108 euros.

Además, la autoridad judicial ha dictado una prohibición de disponer sobre sus bienes inmuebles, afectando a una vivienda de su propiedad y a una parcela situada en el municipio de Abrucena. Las restricciones también alcanzan a sus productos de seguro, impidiendo cualquier movimiento en una póliza donde se registraron casi un centenar de aportaciones desde finales de 2017.

La actuación de la Guardia Civil también ha puesto el foco en Fernando Giménez, exvicepresidente de la corporación provincial. En su caso, la intervención ha sido más extensa, afectando a trece productos financieros que incluyen depósitos de valores y planes de previsión, algunos de ellos compartidos en régimen de cotitularidad, con un saldo total de 22.990 euros. Al igual que en el caso del expresidente, Giménez tiene ahora vetada la gestión de dos viviendas que forman parte de su patrimonio personal.

El rastro de la investigación se extiende de igual forma hacia el municipio de Fines. Rodrigo Sánchez Simón, antiguo alcalde de Fines, ha visto bloqueada una de sus cuentas, aunque esta no presentaba saldo en el momento de la intervención. No obstante, las pesquisas han sido más fructíferas en el entorno de su hijo, Rodrigo Sánchez López, a quien se le han intervenido siete productos financieros con un saldo superior a los 4.500 euros. La trama empresarial vinculada a esta familia también ha sufrido el zarpazo judicial: la sociedad OYC Servicios Urbanos mantiene bloqueados 8.110 euros, mientras que la mercantil Gesa Andalucía 2004 ha perdido la disponibilidad de una vivienda en Fines y de tres vehículos de alta gama.

Dentro del inventario de bienes intervenidos por orden del juzgado de Almería figuran un Mercedes Benz 350D, un Land Rover Ranger y un Audi Q7, este último trasladado a un depósito de vehículos en la provincia de Granada por decisión judicial. La operación, que mantiene un alcance nacional, ha llegado incluso a Murcia, donde se ha clausurado una caja de seguridad cuya titularidad no coincide con los políticos mencionados, pero que la Guardia Civil considera pieza clave en el entramado económico de este procedimiento que sigue convulsionando la política de Almería.