Un Juzgado de lo Social de Almería ha declarado nula una sanción impuesta por Correos a un delegado sindical, exigiendo su reintegro económico inmediato. Esta decisión judicial tiene un impacto directo en la provincia de Almería, ya que la sanción anulada se originó a raíz de una denuncia sindical sobre la acumulación de más de 15.000 notificaciones y cientos de paquetes sin entregar en la ciudad, una situación que generó un perjuicio a la ciudadanía almeriense.
El juez ha ordenado la anulación de la sanción de ocho meses de empleo y sueldo que había sido impuesta a un delegado sindical de SIPCTE en la Unidad de Reparto nº 2 de Almería. La sentencia también exige a Correos la restitución económica inmediata del trabajador, una cantidad que supera los 12.000 euros. La resolución es firme y no admite recurso. La sanción fue impuesta poco después de que el sindicato denunciara públicamente, en julio de 2024, el colapso en el servicio de Correos en la capital, atribuyendo la situación a la falta de contratación de personal. Aquella denuncia alertó del impacto que la sobrecarga de trabajo estaba teniendo en la entrega de comunicaciones oficiales, afectando directamente a los ciudadanos.
El expediente sancionador de Correos intentó imputar al delegado supuestas faltas por no poder repartir la totalidad de los envíos asignados, ignorando que la imposibilidad de entrega era consecuencia directa de la falta estructural de personal y la sobrecarga de trabajo en la unidad. La sentencia judicial, al analizar el caso, señala que Correos recabó informes de geolocalización, certificados técnicos e informes de superiores en un intento por dar "apariencia de objetividad" al expediente. Sin embargo, el juez concluye que la sanción se basó en una "sobrerrepresentación de los hechos" y que, en ningún caso, estos constituían una falta sancionable.
El secretario provincial de SIPCTE en Almería ha valorado la sentencia, afirmando que deja en evidencia el intento de la empresa de dar una apariencia de legalidad a una sanción sin fundamento, mientras ignoraba el problema real de la falta de contratación y la sobrecarga laboral. Consideran el fallo judicial un serio correctivo a la política disciplinaria de Correos y un mensaje de que no se puede perseguir a quienes denuncian la precariedad del servicio. Esta victoria, según el sindicato, es de los trabajadores y un aliciente para continuar la lucha contra la precarización y en defensa de un servicio postal público y universal. La defensa del trabajador fue llevada a cabo por Jorge Ponce Rodríguez, abogado del gabinete jurídico Aficos y letrado de SIPCTE.
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