El escenario operativo en la costa de la provincia de
Almería atraviesa un momento crítico que ha vuelto a quedar de manifiesto tras el grave impacto registrado en las aguas de
Adra. El abordaje violento de una embarcación de alta velocidad contra una patrullera oficial se saldó con cinco efectivos heridos, requiriendo dos de ellos ingreso en centros hospitalarios. Este suceso ha desencadenado una firme protesta de la Asociación Unificada de la
Guardia Civil, que vuelve a alertar del déficit de personal y material que sufre la plantilla en el litoral.
Desde la delegación almeriense del colectivo, su portavoz Víctor Vega ha censurado la inacción gubernamental manifestando que "no se han hecho los deberes desde el Ministerio del Interior, no se han puesto recursos para la Guardia Civil y estamos recogiendo lo que hemos sembrado". A juicio de la organización, la franja costera de la Comunidad andaluza registra una presencia constante de
narcolanchas a plena vista, por lo que reclaman medidas urgentes para atajar un problema recurrente antes de que haya que lamentar pérdidas humanas irreparables.
Las condiciones en las que operan las patrullas del Servicio Marítimo son catalogadas como desfavorables frente a planeadoras equipadas con cuatro motores de gran cilindraje. En muchos casos, las embarcaciones oficiales no disponen siquiera de la tripulación mínima para salir a navegar. Esta escalada de violencia no es un hecho aislado en el sur del Estado, pues se suma a recientes persecuciones en el entorno de Cabo de Gata —donde la patrullera 'Río Jiloca' quedó inutilizada—, así como a episodios violentos vividos en Águilas o en las costas de Cádiz y Huelva.
Frente a esta situación, la entidad plantea un conjunto de medidas correctoras indispensables, entre las que destacan la reactivación del grupo Ocon-Sur, la declaración del litoral afectado como Zona de Especial Singularidad, el aumento y modernización del catálogo de embarcaciones, el reconocimiento de la profesión de riesgo y un marco de mayor protección jurídica para los agentes.
Las demandas coinciden con los análisis de la Memoria de la Fiscalía, que constata un desplazamiento progresivo de las organizaciones criminales hacia el oriente andaluz y sitúa a
Almería como un punto caliente en el tráfico de
droga. Las cifras del Ministerio Público reflejan que la incautación de cocaína en la provincia se ha multiplicado exponencialmente, pasando de doce kilos en 2023 a casi cuatro mil en 2025, de la mano de un repunte notable en el alijo de hachís. Asimismo, se constata que las mismas planeadoras de gran potencia son empleadas tanto para el tráfico de estupefacientes como para el transporte de personas a bordo de cada
patera procedente del norte de África.
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