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La Junta insta al Gobierno a modificar la Ley de Contratos del Sector Público para reactivar inversiones

La Junta insta al Gobierno a modificar la Ley de Contratos del Sector Público para reactivar inversiones

miércoles 09 de septiembre de 2020, 15:58h

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El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, envía una segunda carta al ministerio proponiendo el cambio normativo que incentivaría la colaboración público-privada


El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha remitido una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con la propuesta del gobierno andaluz para impulsar la inversión mediante la figura de la colaboración público-privada.

Así lo ha anunciado durante su visita a la Diputación Provincial de Almería, en la que se ha reunido con su presidente, Javier Aureliano García, y ha estado acompañado también por la delegada del gobierno de la Junta en la provincia, Maribel Sánchez.

Se trata de la segunda carta que desde la consejería de Hacienda se remite al ministerio proponiendo al Estado este cambio normativo. La primera se mandó el 13 de abril. Esta nueva carta se envía tras la Conferencia de Presidentes del pasado día 4, “en la que el presidente de la Junta propuso al presidente del Gobierno la necesidad de contribuir al fomento de la colaboración público- privada y el presidente del Gobierno solicitó la propuesta para analizarla y empezar a trabajar de forma conjunta entre ambas administraciones.

Bravo ha subrayado la importancia de esta fórmula “como motor de recuperación y generación de empleo y riqueza”, cuyo impulso “venimos solicitando desde el mes de mayo” al Gobierno central. Y es que “los efectos socioeconómicos de la pandemia del COVID-19 exigen actuaciones contundentes en política económica y la inversión en infraestructuras públicas se revela como uno de los elementos esenciales de recuperación sin presionar las capacidades presupuestarias”, incide el consejero.

Según Bravo, en el contexto actual la colaboración público-privada se configura como “una herramienta clave para el impulso y desarrollo de infraestructuras estratégicas, pero para su empuje y promoción es vital resolver determinadas deficiencias identificadas que tiene el sistema de colaboración público-privada en España, y que afectan a todas las fases del ciclo de su preparación, contratación, ejecución y finalización de contratos”.

Así, desde la Junta de Andalucía se solicita al Gobierno de España, a través de esta misiva, la modificación de la regulación establecida en la normativa sobre desindexación de la economía española, vinculada a la Ley de Contratos del Sector Público, y que “actualmente constituye en la práctica un obstáculo para el impulso, desarrollo y realización de contratos de concesión en un momento tan importante”.

En el documento se explica que la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público regula la duración de los contratos, que se calcula en función de las obras y servicios que constituyan su objeto. Si el contrato sobrepasara el plazo de 5 años, la duración máxima no podrá exceder del tiempo que se calcule razonable para que el concesionario recupere las inversiones realizadas, junto con un rendimiento sobre el capital invertido, teniendo en cuenta las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos contractuales, sin que el contrato de concesión de obras pueda exceder el plazo de 40 años, o 25 años el de servicios.

La carta refleja que el RD 55/2017 de 3 de febrero, que desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española en su artículo 10 determina el periodo de recuperación de la inversión, estableciendo el parámetro de "rentabilidad razonable del proyecto", en el rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda del Estado a 10 años más un diferencial de 200 puntos básicos (aprox. <2,5% a día de hoy).

Según Bravo, “esta tasa no es representativa de las rentabilidades reales que actualmente se dan en el mercado, cuyas condiciones son variables a lo largo del tiempo y sus niveles de rentabilidad están estrechamente relacionados con el riesgo de cada proyecto, por lo que resulta irreal pretender financiar a este tipo esta clase de inversiones en infraestructuras”.

El consejero ha subrayado que “es fundamental volver a situar a Andalucía como un lugar atractivo para invertir y así afrontar la recuperación económica”. “Tenemos que seguir simplificando trámites”, ha apuntado Bravo, “eliminando trabas burocráticas y agilizando procedimientos”.

Iniciativas como la colaboración público-privada o el Decreto ley de mejora y simplificación normativa “son ahora más necesarias que nunca” para captar inversiones y hacer viables proyectos que reactiven la economía, que impulsen el crecimiento económico y el empleo, ha señalado el consejero. La estabilidad económica y administrativa, así como también política y presupuestaria, evidenciada ésta en el cumplimiento de las reglas fiscales, fueron claves para generar confianza en Andalucía por parte de inversores nacionales y extranjeros. “Ahora debemos seguir apostando por mantener e incrementar esta confianza”, ha sentenciado.

Fondos europeos


Tras su visita a la Diputación de Almería, Bravo ha destacado la importancia de los fondos europeos como otra vía de reactivación, indicando que Europa “ha puesto encima de la mesa a los españoles más de 140.000 millones de euros para hacer proyectos y ser capaces de hacer una transformación”. Por ello, desde la Junta van a empezar “a trabajar ya con la Dirección de Fondos Europeos” para plasmar ese dinero “en proyectos reales para defender en Europa y que sean una realidad”. En este sentido, ha apuntado a retos como “la transformación digital y la apuesta por las energías renovables” en los que “Almería tiene mucho que aportar porque tiene mucha capacidad de crecimiento”, añadiendo que la provincia “puede ser una de las más beneficiadas si se hace justicia en el reparto de los fondos de recuperación económica”.
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