La provincia de Almería ha experimentado durante el primer trimestre de 2025 un notable incremento en la actividad judicial, con especial atención a los datos que arrojan los juzgados de Violencia contra la Mujer. La estadística, recogida por el Consejo General del Poder Judicial y actualizada hasta el 3 de junio de este año, muestra una situación de carga creciente, con un volumen elevado de asuntos ingresados, un número significativo de sentencias dictadas y una pendencia que revela tensiones acumuladas en el sistema judicial.
En el ámbito de la jurisdicción penal, los juzgados de Violencia contra la Mujer en Almería recibieron 1.195 nuevos asuntos en apenas tres meses, una cifra que se traduce en una media de más de 132 asuntos por órgano. Es preocupante observar que, aunque el número de asuntos ingresados es considerable, sólo se dictaron 176 sentencias y se resolvieron 775 autos, lo que evidencia una carga de trabajo que podría poner en entredicho la agilidad de respuesta judicial en este ámbito tan delicado.
En paralelo, los juzgados civiles especializados en violencia de género también registraron un volumen significativo de actividad: 641 nuevos asuntos ingresados y 94 sentencias dictadas. La tasa de pendencia —que indica los asuntos que quedan pendientes frente a los que se resuelven— se sitúa en un 3,77, una cifra notablemente superior a la media general del resto de jurisdicciones, lo que denota un atasco persistente. A esto se suma una tasa de congestión del 4,77, lo que significa que, por cada asunto resuelto, hay casi cinco más en la cola del juzgado.
Este incremento no se da en un vacío. Las cifras se enmarcan en una tendencia al alza desde hace años. De hecho, los juzgados de violencia de género han experimentado un aumento del 27,4 % en el número de asuntos ingresados respecto al mismo periodo del año anterior en su vertiente penal, y del 18,3 % en la civil. La resolución de estos procedimientos, sin embargo, no ha seguido el mismo ritmo, lo que tensiona aún más el funcionamiento de estos órganos especializados.
La presión no se limita a los juzgados de violencia de género. El conjunto del sistema judicial almeriense, que engloba 65 órganos jurisdiccionales, ha visto ingresar 75.798 asuntos en total durante el primer trimestre del año. De ellos, sólo se han resuelto 36.228, lo que arroja una tasa de resolución del 0,81 (menos de un asunto resuelto por cada uno ingresado) y una tasa de congestión general del 3,83. En resumen, la maquinaria judicial provincial resuelve menos de lo que recibe, y la bola de nieve no hace más que crecer.
Particularmente llamativos son los datos de los juzgados de primera instancia e instrucción, donde se concentra buena parte del trabajo judicial mixto, al combinar jurisdicción civil y penal. Estos órganos, 24 en toda la provincia, recibieron más de 30.000 asuntos entre ambas jurisdicciones, con una tasa de congestión del 5,45 y un nivel de pendencia (asuntos sin resolver respecto a los resueltos) superior al 4.
Los juzgados sociales también presentan cifras abultadas: casi 9.000 asuntos ingresados en solo tres meses, una media de más de 1.400 por órgano, y un volumen de 836 sentencias dictadas. Aunque muestran mejores tasas de congestión y resolución que otras jurisdicciones, el peso que soportan es evidente.
En el caso de los juzgados contencioso-administrativos, la situación también es preocupante. Estos órganos han registrado un volumen total de casi 3.000 asuntos, pero con una tasa de pendencia del 2,68 y de congestión del 3,61, lo que revela una cierta inercia estructural en la acumulación de casos, pese a las mejoras introducidas en los últimos años.
Si bien no todos los datos son negativos —algunos juzgados como los de lo mercantil o los de menores presentan cifras manejables—, el informe deja entrever una estructura judicial desbordada, con niveles de ingreso que superan la capacidad de respuesta y una acumulación crónica de asuntos no resueltos.
En este contexto, la violencia de género se convierte en el termómetro más alarmante del sistema judicial almeriense. Su incremento sostenido, unido a una resolución judicial que no crece al mismo ritmo, puede traducirse en una falta de protección real para las víctimas, en retrasos inadmisibles y en un efecto disuasorio para denunciar. Mientras las cifras suben y los juzgados se saturan, el riesgo es que la justicia, especialmente en los casos más sensibles, no llegue a tiempo.
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