El sector periodístico de la provincia de Almería ha cerrado filas en defensa de la información de cercanía tras la adhesión de la Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) al manifiesto promovido por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). El documento,
cuya propuesta de resolución fue presentada inicialmente por la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos, obtuvo el respaldo mayoritario en la última asamblea general celebrada en Santiago de Compostela, un encuentro que contó con la participación activa de la vicepresidenta de la entidad almeriense, Alicia Amate, y que traslada al ámbito local la exigencia de proteger los medios de comunicación más próximos a la ciudadanía.
El texto asumido por la junta directiva de la federación y por la organización profesional almeriense subraya que el periodismo local y comarcal desempeña una función esencial para garantizar el derecho constitucional a recibir información veraz, verificada y contrastada con fuentes fiables. Según recoge el manifiesto, estos medios reflejan la realidad cotidiana de los municipios y las comarcas, lo que contribuye directamente a fortalecer la cohesión social, la participación ciudadana y la vida democrática. Para una gran parte de los vecinos, la prensa de proximidad constituye la única vía para conocer qué decisiones adopta su ayuntamiento, cuál es la situación de su centro de salud o los motivos por los que cierra una escuela en su pueblo, ejerciendo además una labor primordial en la exigencia de transparencia y rendición de cuentas que evita que un municipio sin medios se convierta en una puerta abierta a la corrupción y al abuso de poder.
La declaración hace especial hincapié en el valor estratégico de la cercanía informativa durante los momentos críticos, recordando que las emergencias recientes han puesto de relieve el papel insustituible de los profesionales locales, quienes informan con rapidez gracias a su profundo conocimiento del terreno. Sin embargo, el documento advierte de que el sector atraviesa graves dificultades estructurales que obstaculizan el ejercicio libre e independiente de la profesión en todo el Estado español, comenzando por la reducción progresiva de periodistas sobre el terreno debido al cierre de redacciones y delegaciones territoriales, la desaparición de corresponsalías y la extensión de condiciones laborales precarias, especialmente entre los trabajadores autónomos.
Otro de los problemas señalados en el manifiesto es la expansión de los denominados desiertos mediáticos, que suelen coincidir con zonas despobladas que sufren una mala conectividad y carecen de puntos de venta de prensa, provocando que allí donde más necesario resulta informar sobre la despoblación, el deterioro ambiental o la pérdida de servicios públicos sea precisamente donde menos periodismo queda. A esta situación se suma un ecosistema digital profundamente desigual en el que los medios locales compiten con escasos recursos frente a las grandes plataformas tecnológicas que absorben la mayor parte de la inversión publicitaria, un escenario en el que la irrupción de la inteligencia artificial hace todavía más imprescindible la labor de los profesionales encargados de verificar los datos y aportar contexto.
El manifiesto también alerta sobre la creciente dependencia y presión ejercida por las fuentes institucionales, ya que el reducido tamaño de las redacciones incrementa el peso de las notas oficiales y, en determinados contextos, la publicidad institucional se emplea como una herramienta para premiar o castigar determinadas líneas editoriales. En este sentido, las organizaciones periodísticas recalcan que no se puede normalizar que un medio pierda ingresos por ejercer una labor crítica e independiente, gobierne quien gobierne. Paralelamente, denuncian la proliferación de pseudomedios que operan sin periodistas ni una línea editorial verificable y que, en ocasiones financiados con dinero público, actúan como canales de difusión de bulos y mentiras aprovechándose de la precariedad que impide acometer investigaciones con el tiempo y los medios necesarios.
Ante este diagnóstico, la FAPE y la asociación almeriense reivindican el periodismo local y comarcal como un verdadero servicio de interés público y reclaman a las instituciones su reconocimiento oficial como tal. Asimismo, exigen que tanto la publicidad institucional como las ayudas públicas se distribuyan atendiendo a criterios públicos, objetivos, transparentes y no discriminatorios, en consonancia con lo establecido por el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, solicitando expresamente que estos fondos se destinen a medios con estructura profesional que valoren el empleo de periodistas en condiciones dignas.
Finalmente, el documento insta a las distintas administraciones a garantizar el acceso a la información en todo el territorio mediante una conectividad adecuada y el respaldo a la distribución de prensa en las áreas más despobladas. De igual modo, las entidades profesionales se comprometen a impulsar iniciativas de alfabetización mediática junto a centros educativos y organizaciones sociales para fomentar el consumo crítico de la información de proximidad, advirtiendo de que denunciarán cualquier intento de utilizar recursos económicos o institucionales para condicionar la independencia profesional, al tiempo que reclaman medidas que aseguren la supervivencia de unos medios que consideran imprescindibles para la libertad de opinión y la salud democrática frente a la desinformación.