En plena campaña electoral rumbo a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Rocío de Meer, candidata número uno de Vox al Congreso de los Diputados por la provincia de Almería y portavoz nacional de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales de su formación, ha vuelto a colocar el comedor escolar en el centro de la diana política. Su propuesta estrella para las aulas consiste en suprimir de raíz los menús halal en los colegios públicos y concertados. Lo envuelven en el celofán patriótico de priorizar el «producto español» y defender la «soberanía alimentaria», como si un pollo certificado bajo el rito islámico y criado en una granja de Huércal-Overa llevara pasaporte extranjero o conspirara contra la huerta del Poniente.
Pero bajo esa retórica de bandeja de acero inoxidable se esconde una realidad jurídica mucho más cruda: lo que plantea Vox no es otra cosa que recortar derechos fundamentales a ciudadanos españoles. Porque, conviene recordárselo a De Meer, los niños musulmanes que se sientan en los pupitres de esta provincia no son una masa homogénea de recién llegados sin papeles. Muchos han nacido en el Hospital Universitario Torrecárdenas o en el de Poniente, son hijos de padres españoles, o pertenecen a familias de origen extranjero que ya poseen la nacionalidad, cuando no son directamente españoles conversos al islam. Todos ellos tienen exactamente el mismo Documento Nacional de Identidad que cualquier diputado de Vox y el mismo derecho constitucional a que sus hijos reciban en la escuela una alimentación sana, equilibrada y acorde con sus convicciones religiosas.
Resulta llamativo que la obsesión dietética de Vox sea tan selectiva. A nadie en esa formación se le ocurriría pedir la prohibición de los menús kosher que siguen los ciudadanos judíos, ni declarar la guerra a las opciones vegetarianas, veganas o adaptadas por prescripción médica para celíacos. Un español ateo, agnóstico o católico tiene garantizado que el comedor escolar respetará su conciencia o su salud sin que nadie cuestione su lealtad al Estado. Sin embargo, si ese español profesa la fe musulmana, automáticamente pasa a ser sospechoso. ¿Por qué un ciudadano español musulmán debe tener menos derechos que uno cristiano, agnóstico, ateo o budista? La respuesta choca de frente con el artículo 14 y el artículo 16 de la Constitución Española, que prohíben cualquier discriminación por razón de religión y garantizan la libertad ideológica y de culto.
Esta cruzada gastronómica no es un capricho aislado, sino el segundo acto de una ofensiva que ya tuvo su ensayo general hace apenas dos meses en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Allí, Vox logró arrancar a la Junta de Andalucía el vergonzante compromiso de liquidar el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí a partir del curso 2027/2028. Una enseñanza extraescolar y voluntaria que contaba con unos 1.800 alumnos inscritos en toda la Comunidad Autónoma, apenas un 1% del total de escolares —con una incidencia especial en los centros de la provincia de Almería— y que no costaba ni un solo céntimo a las arcas públicas andaluzas, ya que su financiación corre íntegramente a cargo de Marruecos al amparo de convenios bilaterales vigentes desde hace décadas.
Siguiendo esa brillante lógica pedagógica, habría que clausurar de inmediato las sedes del Instituto Cervantes en Rabat o Casablanca, que hacen exactamente lo mismo que Vox quiere que no se haga aquí, y que es lo mismo que se hace con Reino Unido, Francia, Italia... y decenas de países. Cuando el castellano se enseña fuera, se celebra como proyección cultural; cuando el árabe se ofrece gratis en nuestras escuelas, se señala como una amenaza, como caballo de troya... Si estos tipos de Vox vivieran en Japón ¿no les gustaría que sus hijos, además de integrarse en la cultura nipona, pudieran estudiar el idioma y la cultura de sus padres? Pues eso, que le pierde la ignorancia y la maldad.
Es más, incluso desde la óptica más utilitarista de quienes sueñan con el retorno de los hijos de inmigrantes a los países de sus padres, ¿no sería más lógico que dominaran su lengua de origen? Y yendo todavía más lejos: ¿por qué privar a cualquier niño español, sin importar el origen de sus apellidos, de la oportunidad de aprender gratuitamente uno de los idiomas más hablados del mundo y clave en el comercio mediterráneo?
Es cierto que el ordenamiento jurídico permite establecer diferencias razonables entre un ciudadano con nacionalidad española y un residente extranjero en determinados ámbitos administrativos o políticos. Ahí podría abrirse un debate legítimo sobre el alcance de ciertas prestaciones. Pero Vox no traza la frontera entre españoles y extranjeros; la traza entre musulmanes y no musulmanes. No preguntan qué pasaporte tiene el niño antes de quitarle el plato de la mesa ni se detienen a comprobar si sus padres cotizan en los invernaderos de El Ejido desde hace veinte años y juraron la Constitución hace diez. Señalan únicamente el credo. Y cuando se recortan derechos a ciudadanos españoles en función de su fe, de su origen o de su raza, eso deja de ser una propuesta de gestión escolar para convertirse en islamofobia, xenofobia y racismo institucionalizado, figuras que chocan frontalmente con nuestro Código Penal y con las reglas más elementales de la convivencia democrática.