El Boletín Oficial del Estado acaba de alumbrar una nueva criatura legislativa de 96 páginas firmada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un Real Decreto-ley que bien podría bautizarse como la enciclopedia del voluntarismo político. De ese casi centenar de folios, prácticamente un tercio no está destinado a articular soluciones técnicas, sino a intentar justificar la propia existencia del texto. Para regular la vivienda, al parecer, el ejecutivo ha considerado imprescindible dedicar decenas de páginas a pasear por el franquismo y el machismo, hilvanando una extensa retórica sociológica que poco o nada resuelve a la hora de poner un ladrillo sobre otro o equilibrar un contrato de arrendamiento.
El caso paradigmático que enarbola la exposición de motivos es el de Mari Carmen, presentada como el símbolo definitivo de la vulnerabilidad. Hablamos de una mujer soltera, sin hijos a los que haya tenido que criar, funcionaria, con una pensión por encima de la media y que disfrutaba de un alquiler ridículo. Lo que tergiversa la prosa oficial es que la situación privilegiada que le permitía mantener esa renta antigua no era fruto del moderno Estado del bienestar, sino de una normativa dictada durante la dictadura franquista. Y que quien acabó con aquel modelo de arrendamientos congelados mediante la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 fue el propio PSOE bajo la presidencia de Felipe González. Es decir, la realidad comprobable, constatable, es justo la contraria de la que pone el BOE ¡pero a quién puede sorprender!
Resulta fascinante que la misma medida de los noventa que terminó provocando el desalojo de Mari Carmen sea hoy achacada a la insensibilidad del mercado, mientras se pretende restaurar de facto aquella renta antigua que el socialismo declaró inviable hace tres décadas. Y es que las nuevas medidas con olor a naftalina son los contratos de alquiler indefinidos, y con tope en su cuantía.
Por cierto, que lo del machismo en la situación de Mari Carmen no queda explicado. ¿Exactamente en qué es víctima del machismo? No tiene pareja, no tiene hijos, y disfruta de la vivienda gracias a que su madre se subrogó del padre, y ella de su madre... ¿dónde está el machismo? Se me escapa.
Más allá del malabarismo histórico, el texto contiene una enmienda implícita a la propia gestión del ejecutivo. Pedro Sánchez llegó al poder en 2018, pero en decreto recuerda que no fue hasta 2023 cuando, junto a Sumar y sus socios de investidura, logró aprobar la Ley de Vivienda ¡cuatro años cuando estaba en la cresta de la ola de apoyos!.
Apenas tres años después de aquel hito propagandístico, la publicación de este decreto no es sino el reconocimiento explícito del fracaso de la norma anterior. El problema del acceso a la vivienda en el Estado no solo no se ha resuelto, sino que se ha agravado hasta requerir una reforma integral a marchas forzadas.
Aunque el Real Decreto admite que el cuello de botella del mercado radica en la falta de oferta, el paquete de incentivos propuesto roza la paradoja, puesto que se dedica impulsar la demanda. Prometer al arrendador una deducción del 100 % en el IRPF suena atractivo en la teoría, pero carece de sentido cuando la seguridad jurídica salta por los aires. Con prórrogas automáticas obligatorias, precios topados e indemnizaciones al inquilino equivalentes a un año de renta en caso de no renovación, la ecuación económica se vuelve insostenible. En la práctica, indemnizar al inquilino con lo equivalente a 12 meses de alquiler si decides rescindir el contrato antes de tiempo, incentiva que se pueda vivir un año gratis a costa del particular (sencillamente no pagas, cuando el arrendador se harte y quiera echarte... lo comido por lo servido). Con este panorama, el incentivo a la construcción y a la salida de pisos al mercado privado es, sencillamente, inexistente.
Esta desconexión con la realidad adquiere tintes locales al analizar la situación de la provincia de Almería. Se da la circunstancia de que la Sareb es el principal tenedor de inmuebles en el territorio almeriense. Sin embargo, al consultar Casa 47, la flamante plataforma pública de vivienda asequible impulsada desde Madrid, el resultado para la provincia es la nada absoluta: no aparece ni una sola vivienda disponible. La gran reserva pública de suelo e inmuebles en la provincia permanece invisible para la administración central.
La sensibilidad del texto resulta, además, francamente selectiva. Las 96 páginas del decreto no encuentran espacio para mencionar tragedias recientes acontecidas en Cataluña, como el suicidio de una vecina en Barcelona tras un proceso de desahucio o los desalojos de familias con personas con discapacidad en Mataró. Como Cataluña opera en el relato oficial como un oasis político intocable, los dramas que allí ocurren no merecen párrafos de preámbulo. La indignación institucional y las acampadas de protesta se encauzan de forma milimétrica contra la Comunidad de Madrid y el PP, pero hay silencio total en la Comunidad donde más deshaucios se hacen, donde la implantación de la Ley ha reducido drásticamente el mercado de alquiler... allí no pasa nada.
Un decreto pensado para abarcarlo todo que termina por consolidar la inseguridad jurídica, maquillar los propios errores legislativos y dejar a la provincia de Almería fuera del mapa de soluciones reales.
