Ayer a las siete y media de la mañana, Maricarmen Abascal, de 87 años, con una discapacidad reconocida del cincuenta por ciento y una prótesis de cadera, abandonó en camilla la sexta planta sin ascensor donde había vivido setenta años. Ocurrió en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en Retiro, Madrid. Su padre firmó aquel contrato de renta antigua en 1956. Ella lo heredó. Pagaba quinientos euros.
Cuando el edificio pasó en 2018 a manos de Urbagestión Desarrollo e Inversión, el fondo que los colectivos llaman fondo buitre, la renta que le exigieron fue de mil seiscientos cincuenta euros, en algunos escritos dos mil seiscientos cincuenta, un incremento del doscientos setenta y cinco por ciento. Hubo una oferta previa para que comprara su propia casa por doscientos cuarenta y siete mil euros. Maricarmen cobra una pensión de mil trescientos. No hubo acuerdo. Este era el cuarto intento de lanzamiento. Había ganado en primera instancia. El Supremo dio la razón al inversor.
La ONU había pedido la suspensión. La Secretaría de Estado de Vivienda había intentado comprar la vivienda, mediar, incluso pagar a la comunidad los gastos de paralizar el desahucio. El fondo aceptó sentarse y luego dejó de coger el teléfono. Ni siquiera concedió una hora para recoger los muebles. Propuso que la anciana notificara una dirección a la que enviarle sus enseres. Ella no sabía dónde dormiría aquella noche. En el portal, cientos de vecinos acamparon gritando “Maricarmen se queda”. La policía los desalojó uno a uno a doscientos metros. Ella pidió que no pegaran a quienes la habían acompañado. La trasladaron al Gregorio Marañón.
Esa escena, tan madrileña y tan mediática, podría parecer lejana a Almería. No lo es. Es el mismo mecanismo, solo que aquí no baja por unas escaleras de Retiro sino por los caminos de tierra de Níjar y por los juzgados de la capital donde el alquiler se ha convertido en la principal causa de pérdida de la vivienda.
Los números del Consejo General del Poder Judicial dibujan una provincia que ha mejorado y que, al mismo tiempo, sigue encabezando la vulnerabilidad residencial en Andalucía. En 2020 se iniciaron en Almería mil setecientas cuarenta y una ejecuciones hipotecarias. En 2024 fueron seiscientas siete. La caída es del sesenta y cinco por ciento. Los lanzamientos efectivos por hipoteca pasaron de trescientos setenta y tres en 2021 a ciento ochenta y uno en 2024. En paralelo, los lanzamientos por impago de alquiler, los que regula la Ley de Arrendamientos Urbanos, tocaron techo en 2022 con quinientas noventa y seis expulsiones y han descendido a trescientas veintinueve el año pasado. La suma de ambos sigue siendo alta, pero el vuelco es evidente: Almería ya no desahucia por hipotecas impagadas, desahucia por alquileres que no se pueden pagar.
A escala estatal la tendencia es la misma. En 2025 se practicaron veinticinco mil quinientos cuarenta lanzamientos, un once por ciento menos que el año anterior, y de ellos el setenta y uno coma siete por ciento fue por alquiler. En el primer trimestre de este año la cifra se ha desplomado a cuatro mil cinco lanzamientos, un cuarenta y cinco coma cuatro por ciento menos que en el mismo periodo de 2025, con el alquiler representando ya casi el sesenta y cinco por ciento. La estadística esconde, sin embargo, una geografía desigual. Almería soporta tres coma tres lanzamientos por cada mil hogares, la incidencia más alta de Andalucía, por delante de Málaga. Roquetas de Mar, con trece coma dos desahucios por cada diez mil habitantes, figura entre las quince ciudades españolas con mayor tasa hipotecaria, fruto de un modelo de construcción intensiva para turismo residencial y agricultura intensiva. Y mientras los hogares crecen, la vivienda no. Andalucía arrastra un déficit de veintidós mil cuatrocientas veintiuna viviendas respecto a los hogares creados y Almería, junto a Granada y Cádiz, concentra brechas de más de cuatro mil. La demanda de vivienda protegida lo cuenta sin matices: de doce mil novecientas cincuenta solicitudes en 2022 a treinta y seis mil doscientas ocho en 2024.
En ese contexto irrumpe el caso que Almería conoce mejor que Madrid: el desalojo que no se registra como desahucio en los juzgados de lo civil sino como erradicación de chabolismo. En febrero de este año el Juzgado de Primera Instancia número uno de Almería ordenó el desalojo del cortijo El Uno, en Níjar. Sesenta personas, nueve menores de entre tres y cuatro años, trabajadores agrícolas que habitaban chabolas, una nave vieja y un cortijo dividido en habitáculos a medio derruir. Ninguna administración ofreció alternativa habitacional inmediata, pese a que Almería Acoge y la Mesa del Tercer Sector se reunieron con el Defensor del Pueblo Andaluz. Desde junio de 2023 el consistorio nijareño asegura haber erradicado catorce asentamientos, reduciendo de treinta y tres a diecinueve los núcleos detectados. Hay un plan local, el primero de estas características, y una adjudicación reciente de veinticuatro viviendas transitorias en Los Grillos para cuarenta y ocho personas. Pero en la comarca siguen viviendo unas tres mil quinientas personas en una treintena de campamentos similares.
El mercado del alquiler en Almería no es Barcelona ni Madrid. El precio medio en la capital estaba en ocho coma nueve euros por metro cuadrado en septiembre de 2025 y ha subido a nueve coma setenta y siete en julio de 2026, un seis coma uno por ciento en seis meses. Son cuarenta y cuatro euros más al mes por un piso de ochenta metros. Parece poco hasta que se cruza con los salarios. El valor tasado de la vivienda libre ha pasado de mil ciento cincuenta y siete euros metro en el primer trimestre de 2023 a mil trescientos siete en el mismo periodo de 2025. La provincia fue, en el último registro, la que más encareció sus alquileres en un mes, un cinco coma cero cinco por ciento.
La ley intenta poner diques, pero los diques se prorrogan cada año y llegan tarde. El Real Decreto-ley once de dos mil veinte suspendió los desahucios de hogares vulnerables sin alternativa. El decreto de diciembre de 2025 no se convalidó y fue sustituido a toda prisa por el Real Decreto-ley dos de dos mil veintiséis, que extiende la moratoria hasta el treinta y uno de diciembre de 2026. La novedad de este año es quirúrgica y cambia el relato almeriense: si el casero es propietario de dos o menos viviendas, la suspensión ya no se aplica. Solo cuando el demandante es gran tenedor, más de diez viviendas, la administración debe buscar con prioridad una alternativa habitacional. Es la grieta por donde se cuela el caso Maricarmen, porque Urbagestión es gran tenedor y aun así no hubo salida. Y es la grieta por donde se cuelan muchos casos en Almería, donde el casero no es un fondo sino un particular que también vive al límite.
Andalucía ha aprobado, además, su propia Ley de Vivienda, la cinco de dos mil veinticinco. Crea una Comisión de Coordinación en Materia de Desahucios, un Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento y obliga a los ayuntamientos a poner en marcha Unidades Municipales.
En Almería esa unidad existe sobre el papel en Almería XXI, la empresa municipal. Su protocolo dice que a la semana del impago se contacta con el inquilino, que a los tres meses intervienen Servicios Sociales, que hay un mediador del Colegio de Abogados y un plan de pagos de hasta doce meses. Hay otros mostradores menos visibles. En la Delegación Territorial de Fomento atiende la oficina contra desahucios de la Junta. En la calle Álvarez de Castro, en la sede del Colegio de Abogados, funciona la Oficina de Intermediación Hipotecaria. Allí se negocian reestructuraciones que el Consejo del Poder Judicial no cuenta.
Maricarmen salió en camilla. En Almería muchos salen sin camilla y sin cámara, con una notificación pegada en una chabola de Níjar o con un burofax que dice que el contrato no se renueva porque el piso se va a alquilar por temporadas.
El fondo buitre de Madrid y el pequeño propietario de Almería no se parecen en nada y, sin embargo, producen el mismo resultado: una mujer de ochenta y siete años que no sabe dónde pasará la noche y una familia que lleva tres años esperando una vivienda protegida. Entre una y otra hay una ley que se prorroga cada diciembre, una oficina que media y un precio por metro cuadrado que sube mes a mes. El desahucio ya no es solo la ejecución hipotecaria de 2008. Es el alquiler de 2026.
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