La reciente iniciativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la convocatoria de una consulta popular para decidir acerca de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) hostil lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell, no deja de causar perplejidad y una profunda reflexión sobre la naturaleza de nuestras instituciones y el papel que se le pretende otorgar a la ciudadanía en asuntos de compleja índole empresarial.
Sorprende sobremanera, en primer lugar, que el jefe del Ejecutivo considere siquiera someter a plebiscito una operación de fusión entre dos entidades eminentemente privadas. Porque no debemos olvidar que, más allá de su importancia sistémica y su impacto en la economía estatal, un banco es, en esencia, una empresa privada con sus accionistas. Son estos últimos, los propietarios del capital, quienes en última instancia deberían tener la potestad de decidir si aceptan o rechazan una oferta de compra, valorando el precio, el proyecto industrial y las perspectivas futuras.
La intervención del Gobierno en una operación de esta magnitud debería, por supuesto, existir, pero canalizada a través de los organismos reguladores competentes: la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) e incluso el Banco Central Europeo. Estos entes están diseñados para analizar el impacto en la competencia, la estabilidad financiera, los derechos de los consumidores y trabajadores y el interés general. Sus decisiones deben estar fundamentadas en criterios técnicos, económicos y jurídicos, y no en el vaivén de una opinión pública que, con todo el respeto, puede carecer de los elementos de juicio necesarios para una decisión tan especializada.
Plantear una consulta popular sobre este tema es, además, adentrarse en un terreno de una opacidad preocupante. ¿Quiénes están llamados a participar? ¿Bajo qué censo? ¿Con qué información previa, objetiva y contrastada se contaría para formar un criterio? ¿Será vinculante o un mero sondeo para tomarle el pulso a la calle? ¿Sabremos el resultado? La falta de concreción convierte la propuesta en un ejercicio de populismo que poco aporta a la solución de un tema complejo.
Pero si de abrir el melón de las consultas populares se trata, uno no puede evitar preguntarse por qué esta repentina querencia por la democracia directa se focaliza en una OPA bancaria y no en otros asuntos de calado que afectan directamente a la vida cotidiana de los españoles y a la credibilidad de nuestros gobernantes.
Por ejemplo, ¿no sería pertinente consultar a la ciudadanía si considera que el señor Óscar Puente debe seguir al frente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a la luz de los recurrentes y exasperantes episodios de caos en las líneas ferroviarias que padecen miles de usuarios? ¿O por qué no preguntar si deben reducirse los impuestos? ¿Y por la postura que debe adoptar el Estado español frente a la ocupación marroquí de el Sáhara?
Yendo un paso más allá, y ya que hablamos de la legitimidad que emana del sentir popular, ¿no sería oportuno que el propio presidente del Gobierno nos consultara si debe continuar al frente del Ejecutivo tras la constatación de un rosario de promesas incumplidas y virajes políticos que han desdibujado su palabra? La lista es tan extensa que casi huelga enumerarla: desde el "no habrá amnistía" al "no pactaré con Bildu", pasando por el "no habrá indultos" o aquel famoso "no podría dormir si Pablo Iglesias fuese mi vicepresidente". Son tantos los compromisos desvanecidos en el aire que la memoria colectiva los tiene bien presentes.
En lugar de ocurrencias sobre consultas específicas y de dudosa utilidad para operaciones empresariales, quizás lo que la ciudadanía agradecería, y lo que el sistema democrático contempla como la consulta por excelencia, es la convocatoria de elecciones generales. Esa sí sería una iniciativa transparente, de obligado cumplimiento y que permitiría a los españoles pronunciarse con meridiana claridad sobre el rumbo que desean para el país y sobre la confianza que les merecen sus actuales dirigentes. Una consulta real, con consecuencias reales, y no un ejercicio demagógico sobre el futuro de dos entidades financieras privadas que solo deben responder antes sus accionistas, que son sus dueñosPuestos .
Agenda
