Desde Almería, donde el rumor viaja a la velocidad del viento de poniente, observamos el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo, un escenario donde la verdad se busca, a veces, con el candil al revés. La causa, conocida de sobra, versa sobre la presunta revelación de secretos por la difusión de una nota de prensa con datos extraídos personales de un correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El debate se ha centrado en el cuándo y el cómo de la información. El foco, sin embargo, ha de iluminar un ángulo diferente: la incomprensible pasividad periodística previa al comunicado de la Fiscalía.
Hemos escuchado en el Supremo cómo varios periodistas han comparecido como testigos de la defensa, asegurando que ellos ya poseían la información esencial sobre la negociación del abogado del empresario –incluida la supuesta voluntad de pactar y reconocer dos delitos de fraude fiscal– antes de que la Fiscalía General del Estado emitiera su nota. Estos profesionales, muchos de ellos ligados a medios considerados afines al actual Gobierno del Estado, el del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), sostienen haber tenido acceso a datos cruciales que, supuestamente, solo fueron hechos públicos oficialmente por el Ministerio Público para "ganar el relato", según las alegaciones de la acusación.
Aquí es donde el argumento se topa con la lógica elemental del periodismo. Si estos informadores, con la información contrastada y confirmada –y así lo afirmaron, apuntando incluso a fuentes en la Fiscalía de la Comunidad de Madrid–, la tenían horas o incluso un día antes de la nota oficial del 14 de marzo, la pregunta que resuena con fuerza, incluso hasta los invernaderos del Poniente almeriense, es: ¿Por qué demonios no la publicaron?
Un periodista, el del olfato entrenado y la primicia como horizonte, no se sienta a esperar. Menos aún si la información es de alto voltaje político y, como es el caso, encaja perfectamente con la línea editorial de su medio. Que un medio afín al Gobierno no aprovechase esa información explosiva y alineada para golpear en el debate público antes de que interviniera el fiscal general es, cuando menos, un enigma.
Si el objetivo del fiscal general, Álvaro García Ortiz, al ordenar la nota de prensa (tal y como declaró su directora de comunicación, Mar Hedo, en el juicio) era "ganar el relato", esa estrategia se habría logrado con una publicación previa de los medios citados. Bastaba que esos 'medios progresistas', como se les llama en el argot, hubieran soltado la bomba informativa que aseguran poseer y la Fiscalía, y con ella el Gobierno, habrían "ganado el relato".
En cambio, lo que se produjo fue un extraño vacío informativo, un silencio orquestado, que permitió a la Fiscalía General del Estado entrar en escena con su comunicado. Este acto, que hoy sienta a García Ortiz en el banquillo por revelación de secretos al incluir el contenido del correo del abogado de González Amador, solo cobró el valor de "filtración" porque no existía una publicación previa que lo despojara de su condición de primicia oficial.
La incomprensión es total. ¿Se trataba realmente de una filtración si ya estaba en manos de varios profesionales de la información? ¿O fue, en realidad, un caso de retención estratégica por parte de ciertos medios, que aguardaron la luz verde oficial, debilitando así, inadvertidamente, su propia defensa de la inocencia del fiscal general?
Este situación pone en evidencia que los periodistas citados están en la línea de crear una narrativa, más que para revelar una verdad. Y lo más inaudito es que, en este juego, algunos profesionales, cuyo deber es publicar la verdad tan pronto como la tengan, optaron por esperar la señal. Un comportamiento que no hace sino enturbiar la ya complicada relación entre poder y prensa.
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