Resulta fascinante observar cómo la dialéctica política se enreda en sus propios cordones cuando la realidad, esa terca costumbre de las cosas de existir, se impone sobre el dogma. El pasado pleno del Ayuntamiento de Almería nos regaló uno de esos momentos de surrealismo que harían palidecer al mismísimo Dalí si hubiese tenido la mala idea de dedicarse a la política. El protagonista fue Alejandro Lorenzo, concejal de Podemos, quien presentó una moción para que el consistorio actúe contra las empresas de desokupación.

La iniciativa, en su esencia, es un monumento a la contradicción. Durante años, desde las filas de la formación morada y la izquierda más dogmática del Estado, se nos ha intentado convencer de que la okupación era poco menos que una leyenda urbana, un invento de las empresas de alarmas para vender kits de seguridad a jubilados asustadizos. Nos contaban que aquel espíritu romántico de los squatters de la Alemania oriental tras la caída del Muro seguía vigente en los barrios de nuestra provincia. Pero el romanticismo se acaba cuando la cerradura de un particular aparece forzada y el okupa de turno invoca derechos que el propietario, pagador de IBI y facturas, parece haber perdido en el camino.

La paradoja de Lorenzo es de primero de Económicas: si existen empresas que se dedican a desokupar, es porque, efectivamente, existe la okupación. Es la ley de la oferta y la demanda, ese motor del sistema capitalista que el concejal parece haber omitido en su formación. Si estas empresas se están poniendo las botas (militares) es, sencillamente, porque hay un mercado. Y hay un mercado porque la okupación existe, y lo que me temo que es peor: la ciudadanía no confía en el Estado como garante de su propiedad privada.

En este escenario, el PSOE se mostró inusitadamente lúcido. Los socialistas aseguraron estar en contra de todo lo que huela a ilegalidad: tanto de la okupación de viviendas de modo ilegal como de las actitudes de coacción, extorsión o amenaza con las que actúan estas empresas de desokupación. Una posición salomónica que, al menos, reconoce que en este lodazal nadie reparte flores. Porque no se combate la ilegalidad de la patada en la puerta con la ilegalidad de la amenaza de un matón de gimnasio; para eso debería estar la policía (amparada por un juez, que a su vez debe estarlo por una ley, que... deben hacer los políticos), encargada de desalojar a quien usurpa lo ajeno sin necesidad de intermediarios con estética filonazi.

Por su parte, el Partido Popular sacó pecho con su propuesta de crear una Oficina Antiokupación para el próximo año. La intención es loable, pero los precedentes invitan al escepticismo más absoluto. En otros municipios y provincias donde se han puesto en marcha, el resultado ha sido, siendo generosos, irrelevante. Oficinas fantasma donde no suenan los teléfonos ni entran consultas, quizá porque el ciudadano sabe que un asesor municipal poco puede hacer frente a un tipo que te ha cambiado el bombín de la puerta. Esperemos que en nuestra provincia la suerte sea distinta y que aquellos que se sientan compelidos por este problema encuentren algo más que un mostrador vacío.

Lo que el concejal de Podemos viene a reconocer implícitamente es el fracaso absoluto de su propia ideología, porque admite en primer lugar la existencia de la okupación que antes negaba, reconoce que es un problema tan grave como para que dar lugar a estas empresas, y en tercer lugar, alguien tan partidario de lo estatal, asume que existen porque la gente no confía en el Estado para solucionar sus problemas.

Por otro lado, el negocio de la desocupación ha generado una suerte de economía circular perversa: el propietario paga a la empresa "mediadora", la empresa paga al okupa una "compensación" para que se marche, y éste, que no se volatiliza, busca la siguiente puerta donde meter la patada. El negocio es redondo para casi todos: la empresa factura, el okupa se capitaliza y el único que pierde es el ciudadano que, desprotegido por un Estado ausente, acaba financiando este carrusel de la ilegalidad.