Ya lo advertimos desde aquí mismo cuando comenzó todo, y es agradable saber que teníamos razón (entre ésto y lo de Hispano-Almería, estamos que nos salimos). No es por darnos el gusto de decir "se los dijimos", aunque, para qué mentir, el regusto a razón confirmada siempre es agradable frente al escepticismo de quienes prefieren los fuegos artificiales a la aritmética básica. En noticiasdealmeria.com ya desmenuzamos en su momento que este renacimiento de las Minas de Alquife olía sospechosamente a ese clásico que es el timo de la estampita, pero con toneladas de hierro de por medio. Hoy, con la sentencia del Tribunal de Instancia de Guadix sobre la mesa, el tiempo —ese juez que no acepta sobornos ni promesas de soterramiento— nos ha terminado dando la razón: la operación ha resultado ser un auténtico "bluf" de dimensiones industriales.
Resulta enternecedor, si no fuera por la gravedad de los intereses en juego para la provincia de Almería, recordar que la empresa que pretendía mover montañas y revitalizar el sector extractivo del sureste peninsular nació con un capital social de 3.000 euros. Un capital que apenas daría para una mudanza decente, pero que, milagros de la ingeniería financiera mediante, pretendía hacer frente a un pago de 40 millones de euros por las tierras. No hace falta ser un lince de las finanzas internacionales para entender que las cuentas no cuadraban, salvo que uno crea en la multiplicación de los panes, los peces y los lingotes de hierro.
La historia tiene, además, ese tinte de realismo mágico administrativo tan propio de la Comunidad Autónoma de Andalucía en etapas pasadas. El expediente de las minas dormía el sueño de los justos, sepultado bajo el polvo de una carpeta olvidada en la Junta de Andalucía, hasta que se produjo el milagro burocrático. ¿Cuál fue el catalizador? La empresa tuvo el acierto —o la puntería política— de fichar a un dirigente socialista asturiano. A partir de ese preciso instante, la administración autonómica, entonces bajo mando del PSOE, experimentó una súbita epifanía de eficiencia. Se reactivaron los plazos, se agilizaron los trámites y se pusieron todas las facilidades del mundo para que este proyecto, que hoy sabemos que arrastra una deuda de 36,5 millones de euros, echara a andar con pies de barro.
Pero el momento estelar de esta comedia de errores fue la promesa del tren. Recordarán aquellos titulares donde la empresa, en un alarde de generosidad que ríase usted de los mecenas del Renacimiento, se ofrecía a pagar el soterramiento de las vías a su paso por Almería. Todo esto, claro está, a cambio de que se les permitiera cruzar la ciudad con vagones cargados de mineral de hierro hasta el puerto. Una auténtica barbaridad económica que planteaba una pregunta obvia: si no podían pagar los terrenos de la mina, ¿cómo demonios iban a sufragar la obra de infraestructura más compleja y costosa de la capital almeriense? La respuesta, que el magistrado Alfonso Peralta Gutiérrez ha plasmado ahora en una extensa resolución de enero de 2026, es que simplemente no tenían intención —o capacidad— de pagar nada.
El fallo judicial reconoce el impago de esos 36 millones de euros y ordena la entrega del control de la comercializadora a los antiguos dueños, la Compañía Minera del Marquesado SL, ante la insolvencia manifiesta de los compradores. Para Andalucía y especialmente para los ciudadanos de esta provincia, el resultado es el mismo: un aterrizaje forzoso en la realidad. Lo único positivo, si es que se puede extraer algo de este sainete, es que el tren del mineral no volverá, de momento, a teñir de rojo las fachadas de la ciudad ni a contaminar el aire con ese polvo ferroso que tanto "encanto" daba a la Almería de antaño.
Al final, la mina, más que hierro, lo que ha producido es literatura judicial. Eso sí, que nadie diga que no avisamos.
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