La parlamentaria andaluza del Partido Popular por Almería, Julia Ibáñez, ha comparecido para analizar la situación de las infraestructuras estratégicas de la provincia, poniendo el foco de manera crítica en la gestión de los fondos Next Generation por parte del Gobierno de España.

Según ha detallado la representante popular en una entrevista para 7TV Almería, la necesaria ampliación de la desaladora del campo de Dalías, una infraestructura vital que abastece a más de 300.000 personas en municipios como El Ejido, Roquetas de Mar y Vícar, se encuentra en una situación de incertidumbre financiera tras perder, según sus estimaciones, el respaldo de los fondos europeos. Ibáñez ha calificado de "indecente" la devolución de cantidades económicas que los territorios no se pueden permitir y ha recordado que estos fondos, asignados tras la pandemia para actuaciones en materia de agua e infraestructuras, no pertenecen a una figura política concreta, sino que «son fondos de todos los españoles y de todos los andaluces».

La situación de la desaladora del campo de Dalías es especialmente sensible para el Poniente almeriense, ya que la ampliación de 10 hectómetros cúbicos prevista es fundamental para integrar a otros municipios como Balanegra y Adra. Ibáñez ha criticado la falta de claridad administrativa por parte de los representantes del Estado en la provincia, señalando que en febrero de 2024 se anunció que la licitación estaba en marcha, para luego afirmar en septiembre de 2025 que era inminente y, finalmente, en diciembre del pasado año, declarar que "supuestamente" estaba a punto de ser adjudicada. Para la parlamentaria, es grave que no se conozca el estado real del expediente administrativo de una de las infraestructuras hídricas más grandes de Europa, subrayando que «a día de hoy, esta ampliación, el estado en el que está, es que los fondos Next Generation nos dicen que se han caído».

A esta problemática se suma la cancelación de la planta fotovoltaica aparejada a la infraestructura, un proyecto de 30 millones de euros diseñado para producir 26 megavatios de autoconsumo. La parlamentaria ha advertido de que esta decisión de eliminar la planta de la adenda del Plan de Recuperación y Resiliencia de Transformación de España supondrá un encarecimiento del agua desalada al no contar con energía limpia para abaratar costes. En este sentido, ha cuestionado el paradero de los 121,8 millones de euros que se habían anunciado para abastecer de energía eléctrica a las desaladoras de la provincia, señalando que «la dilatación de esta infraestructura hídrica para la comarca del Poniente es muy grave y pensamos que alguien tiene que dar respuesta». Ibáñez ha enfatizado que los proyectos técnicos, que costaron en torno a medio millón de euros, están finalizados desde hace años, por lo que no comprende la falta de inicio de las obras en una infraestructura que ya figuraba en los presupuestos de 2023.

En contraste con la gestión estatal, Julia Ibáñez ha defendido la actuación de la Junta de Andalucía, afirmando que la administración autonómica ha acelerado todas las infraestructuras hídricas de su competencia con una inversión de 200 millones de euros en pocos años. Ha destacado la puesta en marcha de los terciarios de El Ejido y Roquetas de Mar, que aportan 14 hectómetros cúbicos de agua regenerada para los regantes, y ha criticado la herencia recibida de anteriores administraciones que, según sus palabras, «cobraban el canon del agua, pero no ejecutaban ni una sola infraestructura». La parlamentaria ha insistido en que el Gobierno de Juanma Moreno ha hecho del agua una prioridad absoluta, especialmente en una provincia como Almería que sufre uno de los mayores niveles de estrés hídrico de Europa.

Respecto al ámbito educativo, Ibáñez ha puesto en valor el incremento del presupuesto en más de 3.000 millones de euros desde 2018, lo que ha permitido mejorar la atención a la educación especial y la formación profesional en la provincia. Ha citado ejemplos concretos de infraestructuras en el Poniente, como el centro de educación especial Las Norias, el avance del nuevo instituto y el colegio de Almerimar, y las ampliaciones en centros de Roquetas de Mar y Adra. Ante las críticas por las aulas prefabricadas, la parlamentaria ha detallado que en Almería se han retirado 45 de estas instalaciones y que su uso actual es meramente transitorio mientras se ejecutan las 360 actuaciones de reforma o nueva construcción previstas. «Hoy en día si se monta una aula prefabricada es porque ya está en inicio, en planificación y en ejecución una infraestructura de un centro educativo», ha aseverado.

Finalmente, la parlamentaria ha defendido la vigencia y utilidad de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026, que ascienden a 51.597 millones de euros y destinan dos de cada tres euros a políticas sociales. Entre los proyectos inminentes para Almería, ha destacado el nuevo hospital de Roquetas de Mar y los centros de salud de Ejido Sur, Benahadux y Mojácar. Asimismo, ha rechazado frontalmente las propuestas de la oposición de recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones, calificándolo como un tributo "injusto" que penaliza el ahorro de las familias almerienses. Sobre la reciente polémica por la actualización salarial del Gobierno andaluz, Ibáñez la ha tildado de "demagogia", aclarando que se trata de una actualización técnica aplicable a todos los funcionarios públicos y no de una subida discrecional de sueldos.