La sombra de la sospecha en torno a la trama de corrupción del 'caso Koldo' se extiende hasta la provincia de Almería. Un reciente informe de la Intervención General de la Administración del Estado, organismo dependiente de Hacienda, ha puesto bajo la lupa del juez de la Audiencia Nacional las obras del corredor mediterráneo de alta velocidad, concretamente la construcción de la plataforma en el trazado que une Pulpí y Vera. Este contrato forma parte de una decena de adjudicaciones bajo sospecha rubricadas por Adif y la Dirección General de Carreteras, donde los auditores han detectado patrones anómalos, sobrecostes sistemáticos rozando el límite legal y criterios de evaluación de dudosa justificación.
El documento remitido al magistrado Ismael Moreno, encargado de instruir el caso, analiza en profundidad once expedientes a petición de la Fiscalía Anticorrupción. En el centro de las pesquisas se encuentran altos cargos de la anterior etapa, como la expresidenta del administrador ferroviario, Isabel Pardo de Vera, y el que fuera director general de Carreteras, Javier Herrero. Los técnicos de Hacienda subrayan que una buena parte de las adjudicaciones ferroviarias investigadas recayeron en la constructora Acciona, ya fuera en solitario o mediante uniones temporales de empresas con otras firmas como Ferrovial.
El patrón detectado por los interventores en estos contratos revela que la balanza solía inclinarse hacia los ganadores gracias a los criterios de adjudicación basados en juicios de valor. Esta puntuación subjetiva otorgaba a las empresas elegidas una ventaja tan abrumadora que, a efectos prácticos, blindaba el concurso a su favor, haciendo matemáticamente imposible que el resto de empresas competidoras pudieran revertir el resultado a través de las ofertas económicas u otros parámetros objetivos.
Una vez asegurado el contrato, el engranaje de las presuntas irregularidades continuaba. Antes de que las máquinas comenzaran a trabajar sobre el terreno, las adjudicatarias solían comunicar la existencia de supuestos defectos técnicos que forzaban una modificación del proyecto inicial. En el caso específico de la vía entre Pulpí y Vera, la contratista presentó una serie de reservas justo en el momento de comprobar el replanteo de la obra. Esto derivó en un encarecimiento de más de 24 millones de euros, lo que supuso engordar el presupuesto de adjudicación exactamente en un 19,93 por ciento.
Los auditores del Estado sospechan que este porcentaje no es casualidad. La ley estipula que las modificaciones contractuales que superan el umbral del 20 por ciento requieren obligatoriamente el dictamen del Consejo de Estado. Al fijar el sobrecoste unas décimas por debajo de esa línea roja, los responsables conseguían sortear el control de esta alta institución. Hacienda considera incomprensible y difícil de justificar que se aleguen circunstancias sobrevenidas e imprevisibles para encarecer una obra cuando esos supuestos fallos se detectaban por la propia constructora antes incluso de empezar a mover tierra. Esta misma maniobra para eludir la fiscalización se replicó en otros proyectos ferroviarios, como las fases de soterramiento del tren en la ciudad de Murcia.
El informe de fiscalización también extiende sus advertencias a las infraestructuras de asfalto. De los expedientes revisados en el área de Carreteras, varios también fueron a parar a consorcios participados por Acciona y experimentaron el mismo fenómeno de encarecimientos milimétricos rozando el 20 por ciento, como ocurrió con los trabajos en el Puente del Centenario de Sevilla o en la autovía A-68 en La Rioja. Para agravar la situación, el Ministerio de Hacienda advierte que en varios de estos proyectos viales la jugosa puntuación otorgada por los funcionarios a las empresas ganadoras carecía de cualquier tipo de justificación técnica formal, apoyándose únicamente en anexos sin firmar.
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