Choque institucional por las obras del soterramiento en Almería

La gestión de las grandes infraestructuras en Almería ha derivado en un agrio enfrentamiento político durante la última sesión plenaria. La concejal de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, integrante del PP, ha denunciado públicamente lo que considera un "atropello institucional" por parte del subdelegado del Gobierno, José María Martín. Según la edil popular, se impidió que tanto la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, como la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, pudieran supervisar el avance de las obras del soterramiento y la futura estación de Alta Velocidad el pasado martes.

Desde las filas del PP se sostiene que, pese a que Adif no puso impedimentos iniciales y tratándose de un proyecto cofinanciado por las tres administraciones, la representación del Ejecutivo central bloqueó la entrada al recinto. Cabrera fue tajante al afirmar que no están dispuestos a adoptar un papel secundario en proyectos donde la administración autonómica y local aportan capital, llegando a usar la expresión "no vamos a ser unos pagafantas" para ilustrar su malestar por la supuesta prohibición de acceso a la zona de obras.

Por su parte, el PSOE ha salido al paso de estas acusaciones negando tajantemente cualquier tipo de veto. La concejal socialista Carmen Aguilar aclaró que la imposibilidad de realizar la visita ese día concreto se debió a problemas de agenda institucional, ya que el subdelegado se encontraba acompañando a la Reina Letizia en un acto oficial en El Ejido. Según la versión socialista, se solicitó a la Consejería de Fomento que propusiera fechas alternativas para coordinar la visita, una petición que, aseguran, aún no ha recibido respuesta por parte del Gobierno andaluz.

En un escenario paralelo, el conflicto de competencias y méritos se extendió a la vivienda protegida. El subdelegado del Gobierno aprovechó una comparecencia para reclamar que se informe con transparencia sobre la procedencia de los fondos públicos. Martín criticó que, durante la visita de la consejera y la alcaldesa a una promoción de VPO en la capital gestionada por la empresa municipal Almería XXI, se omitiera la participación estatal. Según detalló, dicha actuación cuenta con una inyección de 1,5 millones de euros del Ministerio de Vivienda a través de fondos europeos, lamentando que se intente "ocultar a la ciudadanía" el origen de estos recursos que gestiona la Junta de Andalucía.