La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía ha decidido intervenir de oficio ante la posible desatención que sufren menores extranjeros no acompañados en Almería. La institución investiga si se producen retrasos sistemáticos durante las noches en el Hospital Torrecárdenas a la hora de emitir los informes radiológicos de determinación de edad. Esta demora administrativa obligaría a los jóvenes a pernoctar en dependencias de la Policía Nacional en condiciones precarias antes de poder ser trasladados a un recurso de acogida.
La investigación se ha extendido formalmente a la Junta de Andalucía, concretamente a las áreas de Sanidad y Presidencia, así como a la gerencia del hospital almeriense. El origen de la actuación es una comunicación que advierte sobre un "trato deshumanizado" hacia menores que no llegan en patera, sino que son hallados en la calle o acuden a dependencias policiales. Según el relato, aunque las radiografías óseas —habitualmente de muñeca y mano— se realizan de madrugada, el centro sanitario no redactaría el informe oficial hasta el día siguiente, bloqueando así su ingreso en centros de protección.
Esta situación conlleva esperas que pueden prolongarse "hasta diez horas", tiempo durante el cual los menores permanecen custodiados en comisarías, sentados en mobiliario de plástico y siendo alimentados por los propios agentes. Según la denuncia recibida, se ha intentado mediar con el personal de urgencias y técnicos de rayos del hospital de Almería para agilizar estos trámites y evitar que los jóvenes pasen la noche en una situación de desamparo institucional, sin que hasta ahora se haya obtenido una respuesta satisfactoria.
Pese a que la queja inicial fue remitida de forma anónima, la Defensoría ha subrayado la especial vulnerabilidad de este colectivo para justificar su intervención. El organismo considera imprescindible determinar si la coordinación entre la administración sanitaria y las fuerzas de seguridad garantiza una "atención digna y ágil". En este sentido, la institución ha recordado que cualquier procedimiento que afecte a la infancia debe regirse por la máxima diligencia para salvaguardar el interés superior del menor y evitar sufrimientos innecesarios.