Un total de 41 ayuntamientos de la provincia de Almería comenzarán a percibir de forma inminente las subvenciones de la Junta de Andalucía orientadas a solventar las graves deficiencias estructurales provocadas por el severo frente climático de principios de año. En el conjunto de la comunidad autónoma, el Gobierno andaluz ha movilizado una partida presupuestaria que asciende a los 35 millones de euros, concebida específicamente para la reconstrucción de equipamientos esenciales en las 505 localidades que sufrieron las consecuencias del encadenamiento de borrascas de alta intensidad entre los meses de enero y febrero de 2026.
El cese de la alerta meteorológica a mediados de febrero dio paso a una rápida respuesta de la Consejería de Justicia y Administración Local, que agilizó los trámites para implementar el conocido como decreto DANA bajo un marco de excepcionalidad jurídica. Este dispositivo administrativo se diseñó con el firme propósito de transferir recursos directos a las corporaciones locales, permitiéndoles financiar de manera urgente las labores de consolidación, limpieza, restauración y mantenimiento de los espacios públicos e instalaciones municipales dañadas donde se prestan servicios fundamentales a la ciudadanía.
La tramitación de los fondos avanzó con celeridad tras la correspondiente publicación oficial del decreto, abriendo un periodo para que los equipos técnicos de cada consistorio evaluaran el impacto económico de los destrozos. Una vez validadas las estimaciones por los responsables de Protección Civil, el Consejo de Gobierno fijó los topes de financiación a finales de marzo, culminando el plazo de solicitudes formales el pasado 20 de abril. Actualmente, las delegaciones territoriales ya se encuentran ejecutando las transferencias en concepto de anticipos económicos.
La incidencia del temporal muestra una distribución muy diversa en la geografía andaluza tanto en volumen de municipios como en asignación monetaria. En cuanto a volumen de peticiones, la provincia de Granada encabeza la movilización con más de un centenar de localidades adheridas, seguida en la franja alta por Jaén, Huelva, Córdoba y Málaga, cuyos ayuntamientos solicitantes oscilan entre los cincuenta y los ochenta. En un escalón cuantitativo similar al de la treintena larga de pueblos almerienses se sitúan las provincias de Sevilla y Cádiz, registrando algo más de cincuenta entidades locales cada una, si bien una veintena de municipios de la comunidad finalmente declinó reclamar el dinero a pesar de tenerlo preasignado.
En la vertiente estrictamente económica, los recursos se han canalizado priorizando la magnitud de los desperfectos territoriales. Bajo este criterio, Cádiz se consolida como la provincia que absorbe la mayor inyección financiera al recibir algo más de diez millones de euros, una cantidad que se sitúa por delante de los seis millones destinados a Jaén y los cinco millones asignados a Granada. Los municipios afectados de Sevilla, Málaga y Córdoba gestionarán partidas que oscilan entre los tres y los casi tres millones de euros, mientras que los entornos locales de Huelva y de la provincia de Almería dispondrán de unos dos millones y de exactamente 1.392.570,67 euros, respectivamente, para la completa puesta a punto de sus infraestructuras dañadas.
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