El Consejo de Gobierno ha recibido la Memoria Anual de Actividades del Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía, un documento que detalla las acciones llevadas a cabo por este órgano consultivo durante el año 2025. En este informe se subraya la emisión de once dictámenes sobre anteproyectos de ley que son fundamentales para la comunidad andaluza, entre los cuales se encuentran propuestas relacionadas con la futura Ley de Vivienda, la Ley del Turismo Sostenible, una norma para el fomento de la industria y nuevas regulaciones en materia de gestión ambiental.
Además, el informe incluye el Informe sobre la Situación Socioeconómica de Andalucía de 2024, un análisis exhaustivo sobre la evolución económica, social y laboral en nuestra región. Este estudio aborda temas cruciales como el crecimiento económico, el mercado laboral, el tejido productivo y la cohesión social en Andalucía.
Colaboraciones y Participación Activa
Aparte de su función consultiva, el CES mantuvo durante 2025 una notable actividad institucional y participativa en foros de diálogo social. Se reforzó así su colaboración con la Junta de Andalucía, universidades, entidades sociales y organismos homólogos tanto nacionales como europeos. Entre las iniciativas destacadas se encuentra la jornada titulada ‘El reto de la vivienda en Andalucía: claves para la cohesión social’, que tuvo lugar en Sevilla, así como un encuentro online sobre ‘El papel de las redes sociales en materia de igualdad’.
La memoria también menciona las actuaciones vinculadas al Premio de Investigación del Consejo Económico y Social, creado para promover estudios sobre temas socioeconómicos relevantes para Andalucía. Un ejemplo es un trabajo que investiga los cuidados a personas vulnerables en áreas rurales mediante inteligencia artificial, junto con otro estudio que examina cómo las políticas socioeconómicas afectan al reto demográfico en nuestra comunidad.
Un Espacio para el Diálogo Social
El Consejo Económico y Social de Andalucía fue establecido por la Ley 5/1997, del 26 de noviembre, como un espacio para el diálogo social y participación entre los agentes económicos y sociales implicados en el proceso normativo autonómico. Su estructura incluye una presidencia y 36 miembros que representan a organizaciones sindicales y empresariales, consumidores, economía social, corporaciones locales, universidades y expertos reconocidos en el ámbito socioeconómico.
Entre sus principales funciones, se destacan la emisión de dictámenes preceptivos sobre anteproyectos de ley y proyectos normativos significativos en materia socioeconómica y laboral; además de elaborar informes e investigaciones solicitadas por el Consejo de Gobierno. También realiza análisis y propone iniciativas propias dentro del ámbito económico y social.
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