La Junta no autoriza nuevos conciertos educativos en Bachillerato

El panorama de la enseñanza privada-concertada en la provincia no experimentará ampliaciones en sus etapas superiores de cara al próximo periodo lectivo. Un total de cuatro centros educativos ubicados en Almería han visto desestimadas sus peticiones para concertar plazas en la etapa de Bachillerato, una tónica de rechazo absoluto que se ha replicado en toda la comunidad autónoma. La administración regional ha denegado de forma sistemática las 62 solicitudes presentadas en el territorio andaluz, consolidando por segundo año consecutivo una política de congelación para estos convenios en la etapa educativa postobligatoria. Además, se ha retirado la financiación pública a una línea ya existente en la provincia de Córdoba.

Desde la Junta de Andalucía justifican esta postura explicando que los requerimientos actuales del modelo educativo obligan a concentrar los esfuerzos y los recursos públicos en otras áreas prioritarias. En concreto, los esfuerzos se están volcando en el desarrollo de la Formación Profesional y en el refuerzo de la Educación Especial, abarcando tanto las aulas específicas como los dispositivos de apoyo para la integración, sectores donde sí se están aprobando nuevas unidades concertadas. La presión por obtener estos conciertos varió significativamente según el territorio, siendo Sevilla la que encabezó las reclamaciones con 19 peticiones, seguida de Granada con once y Córdoba con diez, mientras que en el resto de las provincias la demanda fue más moderada.

Para el próximo año académico, la oferta global de puestos escolares sostenidos con dinero público en la comunidad rozará los 1,37 millones de plazas. De este volumen, la inmensa mayoría —casi un 81%— se adscribe a la red de titularidad puramente pública, quedando el porcentaje restante asignado a los colegios concertados. Como novedad destacada, el sistema incorporará más de un centenar y medio de nuevas aulas en el segundo ciclo de Infantil, una cifra que previsiblemente aumentará según evolucione el proceso de matriculación y que responde a la implantación de medidas específicas de organización escolar.

Esta ampliación de espacios es consecuencia directa de la reducción de la ratio máxima en las clases de tres años, que se fija en 22 alumnos frente a los 25 que marca la legislación estatal. Este descenso en el número de escolares por aula, pactado con patronales y sindicatos, se aplicará de manera gradual en Infantil y Primaria de toda la región. El propósito de la medida es favorecer una atención más individualizada, optimizar la detección temprana de problemas de aprendizaje y ofrecer un soporte más robusto a los estudiantes que requieren apoyos educativos específicos.

En lo que respecta a las prestaciones destinadas a la conciliación familiar, la red de servicios complementarios experimentará un crecimiento moderado. Las actividades extraescolares, las aulas matinales y los comedores escolares verán incrementada su presencia en varias decenas de colegios a lo largo de la comunidad, continuando con la tendencia de expansión que se viene registrando en las últimas campañas escolares. Las estadísticas de escolarización del presente ejercicio avalan el funcionamiento del proceso, reflejando que la práctica totalidad de los solicitantes consiguieron plaza en alguno de los centros integrados en su listado de preferencias.