Un vuelco inesperado ha sacudido las dependencias judiciales de Almería dentro de la investigación penal del denominado caso Mascarillas. El constructor y exdirigente del PP José María Llamas ha reconocido ante el magistrado instructor haber mantenido encuentros directos con Óscar Liria, quien fuera vicepresidente de la Diputación de Almería, con el propósito explícito de solicitar la adjudicación de diversos proyectos de obra pública licitados por la corporación provincial.

Esta confesión rompe de forma drástica la estrategia de defensa que mantenían hasta ahora otros investigados en la causa, quienes alegaban de manera sistemática que las licitaciones bajo sospecha apenas generaban márgenes o se asumían a pérdidas. Por el contrario, Llamas admitió que las operaciones sí resultaban rentables y beneficiosas, un testimonio que refuerza las tesis de la guardia civil sobre la existencia de un concierto previo para coordinar las ofertas de los competidores y burlar la libre concurrencia. A pesar de validar ante el juez estos encuentros informales en el despacho del exdiputado de Fomento, el encausado ha negado haber desembolsado comisiones ilegales a cambio de los contratos.

La red societaria investigada salpica además al entorno familiar del expolítico en el municipio de Cantoria. Durante la ronda de declaraciones, la cuñada del empresario admitió poseer la mitad de las participaciones de una de las compañías sospechosas con el fin de proteger la actividad de su marido, quien se encontraba inhabilitado para la gestión comercial. El trasfondo de este entramado familiar apunta a Pedro Llamas, exalcalde de la localidad, cuyo juicio por la compra irregular del Palacio del Almanzora se celebrará en las próximas semanas. Ante el tribunal, la declarante no logró detallar cuáles eran sus funciones reales en la sociedad, lo que corrobora los indicios policiales que apuntaban a que su papel era meramente nominal y limitado a la firma de documentos. En paralelo, otro empresario implicado intentó desvincularse del caso alegando falta de relación con el principal encausado, a pesar de que el sumario recoge llamadas telefónicas donde el exdirigente político negociaba activamente utilizando su firma mercantil.

Por parte de la acusación popular, ejercida por el PSOE, el abogado Javier Salvador ha denunciado la existencia de un patrón perfectamente definido en la gestión de estos fondos públicos. Salvador explicó a los medios que la red "funcionaba a modo de taifas, ya fuese en Fines con la familia Sánchez, en Cantoria con Llamas o Tíjola con Martínez y su esposa". Según el letrado, este modelo delictivo se basaba en una estructura cerrada donde cargos con influencia política gestionaban invitaciones exclusivas a un grupo selecto de empresas de confianza. El abogado concluyó señalando que todos los indicios acumulados apuntan directamente a la estructura política de la institución provincial y, a su salida del juzgado, se mostró confiado en el avance de la causa penal asegurando de forma concisa que "todo empieza a encajar".