Mientras en la provincia de Almería la preocupación ciudadana se mide en kilómetros de vías de tren pendientes o en los metros cúbicos de agua para regar el campo, el debate público prefiere entregarse al género de la comedia de suspense judicial. El último episodio de este serial lo firma el Juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, quien ha decidido que Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno, presenta un riesgo de fuga tan inminente que requiere la retirada cautelar de su pasaporte y la obligación de comparecer quincenalmente en sede judicial.
La reacción desde el complejo de La Moncloa y su entorno mediático no se ha hecho esperar, calificando la decisión de "barbaridad" jurídica y de humillación pública desprovista de toda lógica penal. El asunto ha escalado de tal forma que las protestas ya han tomado rumbo hacia el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El núcleo del encendido debate radica en el argumento del instructor, quien sugiere en su auto que la investigada podría eludir la acción de la justicia utilizando, precisamente, los recursos públicos de los que dispone; en concreto, señala que su escolta oficial podría, ya fuera por iniciativa propia o por órdenes superiores, facilitarle la huida de forma directa o indirecta. Semejante insinuación cinematográfica ha levantado ampollas en los sindicatos policiales, que han acudido raudos tanto al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como al propio órgano de gobierno de los jueces, horrorizados ante la idea de que se pinte a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía como cooperadores necesarios de una fuga presidencial.
Los críticos con la resolución del Juez Juan Carlos Peinado se rasgan las vestiduras argumentando que la posibilidad de que la esposa del jefe del Ejecutivo se convierta en prófuga es una entelequia irracional. Sin embargo, repasando la crónica negra y política sin necesidad de excavar demasiado profundamente, uno se topa con que el arraigo es un concepto bastante elástico. Carles Puigdemont, siendo nada menos que Presidente de la Generalitat de Cataluña, con un evidente arraigo político, social y familiar en esa Comunidad Autónoma, no tuvo excesivos reparos en cruzar la frontera en el maletero de un coche. Si miramos más atrás, Luis Roldán, que ostentaba el cargo de Director General de la Guardia Civil, también consideró que las fronteras del Estado eran demasiado estrechas cuando la justicia empezó a hacerle preguntas incómodas, acabando su periplo en Laos. Incluso en la Andalucía de los años dos mil, varios concejales del Ayuntamiento de Marbella vinculados al Caso Malaya demostraron que tener propiedades y raíces no impide sentir una súbita atracción por los climas extranjeros cuando se aproxima una orden de prisión. Arraigo tiene Begoña Gómez, desde luego; sabe perfectamente dónde vive y a quién convocar en su residencia oficial, como bien puede atestiguar Joaquín Goyache, Rector de la Universidad Complutense de Madrid, a quien citó en La Moncloa para despachar sobre sus cátedras y proyectos particulares. Pero la historia demuestra que el poder y los contactos, lejos de fijar a alguien al suelo, a veces proporcionan alas.
Ahora bien, admitiendo que los precedentes existen y que nadie es infalible ante la tentación de un billete de ida, la decisión del magistrado sigue pareciendo desproporcionada y, desde un estricto punto de vista técnico-jurídico, errónea. No se sostienen los requisitos objetivos para imponer unas medidas cautelares tan estridentes. Si el objetivo real del juzgado era garantizar que la investigada permanezca en territorio español, habría bastado con una simple orden de prohibición de salida del Estado, sin necesidad de escenificar la retirada física del pasaporte ni el paseo quincenal por los pasillos del juzgado, un gesto que busca más el impacto mediático que la eficacia procesal.
Hacer las maletas carece de sentido para la investigada por una razón pragmática: el propio sistema político del Estado ofrece colchones mucho más cómodos que la clandestinidad en el extranjero. En el hipotético e incierto caso de que este proceso culminara en una condena, el trayecto hacia el olvido penal está garantizado. Primero, por la previsible revisión del Tribunal Constitucional y, si la arquitectura jurídica fallase, por la vía del indulto. Si el Ejecutivo actual se mantiene, la firma del Presidente del Gobierno resolvería la papeleta familiar de un plumazo. Y si el color político cambiase en la Moncloa, la tradición institucional invita a pensar que el sucesor, aunque fuera el líder del Partido Popular, terminaría claudicando en nombre del futuro. Al fin y al cabo, en la historia de la democracia se han firmado indultos a exministros condenados por el GAL o a militares golpistas como el General Alfonso Armada en 1988; resultaría casi ingenuo pensar que no se aplicaría la misma generosidad de Estado con la esposa de un expresidente para evitar un conflicto institucional crónico.
El verdadero error del Juez Juan Carlos Peinado no es solo judicial, sino estratégico. Con su exceso de celo ha conseguido reactivar la maquinaria de victimización de Moncloa, provocando una ola de solidaridad interna que cohesiona al entorno del Partido Socialista. Es un fenómeno idéntico al que suele provocar la estrategia hiperbólica de Vox: cuando la oposición o la judicatura actúan de manera estridente y desmedida, generan un efecto rebote en el electorado, que acaba cerrando filas con el Gobierno central al percibirlo como el mal menor frente al radicalismo. La justicia, para ser respetada a lo largo y ancho del Estado, debe ser fría, quirúrgica y, sobre todo, proporcionada. Cuando se excede en el espectáculo, lo único que consigue es suministrar oxígeno político a quien pretendía fiscalizar.
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