El incendio de Sierra Cabrera y Los Gallardos ha dejado una cicatriz imborrable en nuestra provincia. Trece personas perdieron la vida, miles de hectáreas quedaron reducidas a cenizas y numerosos vecinos vieron desaparecer en pocas horas el trabajo y el patrimonio de toda una vida. Ante una tragedia de semejante magnitud, la obligación de cualquier administración es hacer una autocrítica rigurosa y asumir responsabilidades cuando existan errores. Sin embargo, la Junta de Andalucía ha optado por una estrategia muy distinta: cerrar filas, negar cualquier fallo y refugiarse en el argumento de que todo se hizo correctamente. Con estas bases, estamos condenados a repetir la historia.
Sin embargo, los hechos empiezan a dibujar un relato muy diferente. El informe pericial incorporado a la investigación judicial sostiene que la activación de la Situación Operativa 1 del Plan Infoca se retrasó cerca de tres horas, pese a que ya existían desalojos y un riesgo evidente para la población. La organización ciudadana FACUA ha solicitado explicaciones por esa demora, al entender que resulta incompatible con una gestión eficaz de una emergencia de esta magnitud. Mientras tanto, continúan abiertas las investigaciones judiciales para esclarecer qué ocurrió realmente durante aquellas primeras horas decisivas.
No se trata de buscar culpables antes de tiempo. Se trata de algo mucho más elemental: conocer la verdad para que no vuelva a repetirse una tragedia semejante. Porque la cuestión va mucho más allá de la respuesta operativa durante un incendio. El auténtico problema es qué se ha hecho —o, mejor dicho, qué no se ha hecho— durante los meses y los años anteriores.
Gestionar incendios con herramientas del siglo pasado
Los incendios forestales ya no son episodios excepcionales. El cambio climático los está convirtiendo en un riesgo estructural. Andalucía soporta temperaturas cada vez más extremas, periodos prolongados de sequía, vegetación más seca y fenómenos meteorológicos capaces de convertir un pequeño foco en un gran incendio en cuestión de minutos. Negar esta realidad supone gestionar el siglo XXI con herramientas del siglo pasado.
Precisamente por eso sorprende que la Junta continúe centrando buena parte del debate en los medios de extinción cuando la experiencia científica lleva años insistiendo en que la mejor inversión es la prevención.
Ecologistas en Acción lo ha expresado con claridad tras el incendio de Bédar: Andalucía sigue arrastrando importantes carencias en materia de gestión forestal preventiva. La limpieza de montes, los tratamientos selvícolas, la recuperación del mosaico agroforestal, el mantenimiento de cortafuegos, la gestión del combustible vegetal o el apoyo a la actividad agrícola y ganadera tradicional son actuaciones que reducen enormemente la intensidad de los incendios antes incluso de que aparezcan las primeras llamas.
No basta con disponer de helicópteros o aviones cuando el fuego ya es incontrolable. La verdadera batalla contra los incendios se libra durante todo el año.
La Junta reconoce en su Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales que la estrategia debe ser integral, permanente y basada tanto en la prevención como en la extinción. El propio documento fija como objetivos la asignación estable de medios profesionales, la ejecución de trabajos preventivos durante todo el año y la planificación territorial frente al riesgo de incendios.
La pregunta, por tanto, es inevitable: si esos principios forman parte de la planificación oficial, ¿por qué seguimos encontrándonos con municipios sin planes locales de emergencia plenamente desarrollados, zonas forestales insuficientemente gestionadas y profesionales que llevan años reclamando más estabilidad laboral y un refuerzo de las plantillas?
Los incendios no se gestionan únicamente con tecnología. Se gestionan con personas. Con bomberos forestales, agentes de medio ambiente, técnicos, retenes, operadores del 112, personal de Protección Civil y especialistas que conocen el territorio palmo a palmo.
Durante demasiado tiempo se ha tratado el gasto en prevención como un coste prescindible cuando, en realidad, constituye una inversión en seguridad pública. Cada euro destinado a prevención evita después millones en extinción, restauración ambiental e indemnizaciones. Pero, sobre todo, puede salvar vidas.
Luchar contra el cambio climático no es una opción política
En Movimiento Sumar defendemos que la lucha contra el cambio climático no puede limitarse a declaraciones institucionales o campañas de sensibilización. Debe convertirse en el eje transversal de las políticas públicas. Significa adaptar la planificación territorial a un clima distinto, reforzar los servicios públicos de emergencias, aumentar las inversiones en prevención forestal y dotar de estabilidad a quienes trabajan durante todo el año protegiendo nuestros montes.
No podemos seguir reaccionando únicamente cuando ya vemos las llamas por televisión.
Por respeto a esas víctimas, Andalucía necesita una revisión profunda de su política forestal. Necesita evaluar con transparencia qué ocurrió durante la emergencia, revisar los protocolos de activación, reforzar la coordinación entre administraciones y, sobre todo, incrementar de forma decidida la inversión en prevención y en recursos humanos. Esa es la razón de que nuestro grupo parlamentario, Por Andalucía, haya exigido la creación de una Comisión de Investigación en el Parlamento Andaluz.
Pero, desgraciadamente, eso parece muy difícil. Cuando Moreno Bonilla ha optado por aliarse con el negacionismo más extremo, que considera el cambio climático un invento progresista y renuncia a poner en marcha cualquier política pública que afronte un problema que para Almería supone poco menos que su supervivencia. Parece que en las pasadas elecciones autonómicas los almerienses hubiéramos optado por el suicidio colectivo.
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