El Tribunal de Instancia de Vera dará un paso decisivo este viernes 7 de agosto al convocar formalmente a los allegados de las 14 personas que perdieron la vida en el devastador incendio originado en Los Gallardos (provincia de Almería). En esta comparecencia, las familias podrán personarse en las diligencias judiciales como acusación particular en su condición de afectadas directamente por la tragedia.
Debido a que gran parte de los parientes residen fuera del Estado, la mayoría de estas intervenciones procesales se llevarán a cabo telemáticamente. Las pesquisas las encabeza la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del citado órgano judicial, que se hizo cargo desde el primer momento de los trámites legales y de la identificación de los cuerpos.
El desglose final de víctimas fatales asciende a 14 personas adultas. Trece de ellas —una de ciudadanía española y doce procedentes de diversos países como Reino Unido, Bélgica, Francia y Estados Unidos— perecieron de forma directa durante la emergencia. A este luctuoso balance se sumó posteriormente una mujer que falleció el pasado 28 de julio mientras permanecía ingresada en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla a causa de la gravedad de sus heridas.
El siniestro comenzó el 9 de julio en la comarca almeriense, concretamente en la zona de Almocáizar, dentro de Los Gallardos. Las llamas se propagaron con gran rapidez hacia términos municipales vecinos como Bédar, Lubrín, Antas y Sorbas, alcanzando incluso el espacio protegido de la Sierra de Cabrera-Bédar. Tras quince días de intensa lucha contra el fuego, los efectivos de extinción lograron darlo por resuelto la noche del 24 de julio, habiendo arrasado una cifra superior a las 5.200 hectáreas.
De manera paralela a la vía judicial, la ciudadanía damnificada se ha movilizado organizando el colectivo 'Grupo de Trabajo del Fuego en Bédar', cuya primera reunión congregó a seis decenas de personas. Este grupo insta a las fuerzas parlamentarias a respaldar la apertura de un órgano de investigación en el Parlamento autonómico para esclarecer cómo se gestionó la catástrofe. Entre sus prioridades exigen evaluar si el operativo movilizado fue idóneo, aclarar la efectividad y el alcance de las alertas cursadas a la población mediante sistemas como Es-Alert, y comprobar la validez y cumplimiento de las medidas de prevención forestal vigentes.
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