Ante la osadía de Marruecos se imponen medidas audaces por parte del país invadido.
El Gobierno de España está respondiendo tarde y con desacierto. Los asentamientos se cronifican ampliando el chabolismo y diversificando las actividades “comerciales” como síntoma inequívoco de resistencia. La ocupación de calles, plazas, jardines y las playas obtiene la respuesta humanitaria del Gobierno con la ampliación de campamentos, carpas, albergues y otras improvisaciones. Se incrementa la habilitación de nuevas dotaciones de funcionarios sanitarios, administrativos, judiciales, servicios sociales… Asimismo, el Gobierno nutre de medios materiales para la gestión informática, logística, y para ofrecer sustento y cobijo a la población invasora al tiempo que incrementarán las dotaciones para reforzar la frontera y garantizar la seguridad ciudadana.
El resultado de estas medidas se traduce en un aumento de la masa crítica poblacional, ya bastante saturada. Junto a colegios de Educción Infantil y Educación Primaria habrá nuevos campamentos, carpas y albergues. Para garantizar la seguridad se tendrá que fijar un número suficiente de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que, se supone, también habrán de tener las debidas atenciones en hospedaje y manutención que, hasta ahora, han sido escasas, humillantes y para escarnio de nuestra Policía, Guardia Civil y Ejército.
Ciertamente, el Gobierno de España provee facilidades allí donde dispone de territorio español. Pues bien, veamos qué otros territorios también ofrecen esta cualidad y, además, liberan de la presión que ahora está soportando la población ceutí.
Una embarcación dotada de pabellón español es tan territorio ceutí como el Museo del Revellín. Embarcaciones tipo crucero, con capacidad para miles de personas (tripulación y pasaje), habilitadas con bandera española y fondeadas en el mar territorial de Ceuta tienen la misma consideración que un albergue ceutí en suelo español.
Si se decide este modelo de albergue para los invasores, sólo se necesita un nutrido grupo de efectivos policiales y del Ejército para obligar a los ocupantes a subir a bordo y fondear la embarcación a unas dos millas de la costa. Digo obligar, porque se mostrarán reacios a dejar los asentamientos y el deambular por las calles de Ceuta, así como el trapicheo, el hostigamiento, el desorden y el riesgo sanitario.
En orden prioritario de derechos ha de establecerse en primer lugar el inmediato restablecimiento de la vida normal y ordenada de los ceutís. La pretendida e inédita convivencia entre invasores e invadidos es incompatible e insoportable con el paso de las horas. El normal desenvolvimiento de los ciudadanos autóctonos sufre una presión y un daño que continuadamente inflige un gobierno incapaz de solventar el problema.
El traslado de los invasores a los albergues flotantes (embarcaciones adecuadas a tal efecto) libera en pocas horas la presión y la angustia que padecen los ceutís. El Gobierno de España es el que decide qué parte de su territorio habilita para albergar a la población invasora, especialmente cuando en tierra firme existen limitaciones de suelo disponible y la indeseable colisión con otros servicios cívicos, comerciales, educativos, sanitarios, militares y estratégicos.
En el barco, eso sí, hay que establecer un orden y una regulación de las actividades a bordo, que habrán de ser dispuestas por las autoridades españolas que gobiernan ese territorio. Este modelo de albergue provisional erradica las prácticas ilegales y peligrosas que actualmente se están practicando en tierra firme: ventas de tabaco, drogas, químicos, ropa, calzado, telefonía, suministro de energía, alimentos, bebidas… y el insoportable hedor de basuras y residuos.
A bordo de la embarcación se pueden controlar y confinar o evacuar los brotes epidémicos que surjan. Además, los procesos burocráticos para filiaciones, devoluciones, deportaciones o refugio seguirán su curso administrativo con los equipos destacados a bordo. Y siempre existirá una embarcación menor (tender) dispuesta para trasladar voluntariamente a su país a aquellas personas que desistan de la ocupación invasora.
Evidentemente, las condiciones a bordo han de ser esenciales y básicas en orden humanitario, pero eso no excluye que hayan de ser disuasorias para no convertirse en una alternativa mejorada y estable. No olvidemos que, sea en tierra firme o en la embarcación, se trata inmigrantes ilegales utilizados por Marruecos para la invasión de nuestra integridad territorial.
Como es lógico, esta invasión conlleva unos gastos económicos a cargo del país invadido. Así, el flete de la embarcación -como así debiera ser con los dispositivos en tierra firme- tendría que repercutirse y detraerse de las “solidarias” contribuciones que España ofrece a Marruecos y, por supuesto, reducir o eliminar las dotaciones económicas a ciertas oenegés que actúan como “gestorías” para el fomento de la inmigración ilegal.
En conclusión. Si el Gobierno de España quisiese, esta crisis podría quedar resuelta en 24 horas. Tenemos soluciones, capacidad y medios. Sin embargo, esta “crisis humanitaria de migrantes” ha generado un escenario en el que poder desviar responsabilidades y, siguiendo la senda ideológica de la extrema izquierda, verter descalificaciones contra la oposición y el pueblo ceutí con los consabidos estigmas racistas, xenófobos y fascistas.
Pedro Sánchez está inmerso en una vileza que sólo se entendería desde la inmensa gravedad de unos hechos que pudieran conocerse a voluntad de quien le tiene preso: Marruecos.
Sanchez está solo y con toda la apariencia de un zombie abducido y obligado a actuar con total lenidad ante los deseos y exigencias de Marruecos.
Pedro, ¿es tan grave lo que saben de ti como para castigar a toda la población cutí y humillar a tos los españoles? ¿Hay alguien ahí que salga de una vez de ese cerco de indignidad? ¿Hay alguien ahí que pase de los gestos de desafecto a la defensa del honor propio y de España?
En fin. Ya sé que Sánchez y sus lacayos tomarán la solución propuesta como un dislate. Pero tengo otra solución al problema, y también es resoluble en 48 horas: ¡Dimite!
