El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha presidido este lunes una reunión de trabajo con una amplia representación de entidades empresariales, agrícolas, sindicales y organizaciones del tercer sector con el objetivo de evaluar el impacto del proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno de España. Durante el encuentro, se ha puesto de manifiesto la notable repercusión de esta medida en la provincia almeriense, donde se contabilizaron 32.638 peticiones, situándose como la tercera cifra más elevada de Andalucía y una de las más altas de todo el Estado español. Esta tramitación administrativa ya está teniendo un reflejo directo en el mercado de trabajo local, habiéndose registrado hasta el pasado 30 de junio la incorporación regularizada de 3.218 personas a la Seguridad Social en la provincia.
José María Martín ha remarcado la trascendencia económica y social que este procedimiento extraordinario supone para la provincia de
Almería, destacando que la iniciativa permite transformar la economía informal en empleo formal, dotando de plenos derechos y obligaciones laborales a quienes ya residían y trabajaban en la comunidad. En sus declaraciones, el subdelegado enfatizó que ordenar la inmigración y facilitar que las personas con requisitos cumplidos ejerzan su actividad dentro de la legalidad aporta máxima seguridad jurídica a las empresas y enriquece al sistema público de cotizaciones. Asimismo, recordó el carácter estructural del colectivo migrante en la provincia, que cuenta actualmente con alrededor de 79.000 trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social, con un peso especialmente relevante en el sistema especial agrario y en otros sectores clave para el desarrollo económico local.
La sesión de trabajo, celebrada en la sede de la Subdelegación, ha contado con la participación del secretario general de la Subdelegación del Gobierno, Antonio Hernández de la Torre-Chicote, y del jefe provincial de la Oficina de Extranjería, Javier Durán. Asimismo, han estado presentes los máximos mandos policiales, representados por el comisario jefe de la
Policía Nacional, Antonio Delgado, y el coronel jefe de la Comandancia de la
Guardia Civil, José Antonio Carvajal, acompañados por otros mandos. Durante el desarrollo del encuentro se ha repasado de forma pormenorizada el estado de tramitación de los expedientes y se han coordinado los aspectos técnicos clave para la nueva fase del procedimiento, centrada primordialmente en la organización de la toma de huellas para la expedición de la documentación correspondiente a aquellas personas que obtienen una resolución favorable.
El espacio de diálogo ha servido para unificar criterios informativos y resolver las dudas trasladadas por las entidades que operan directamente sobre el terreno, garantizando así una actuación homogénea y una adecuada coordinación entre las administraciones públicas y los diferentes organismos y agentes implicados. Entre las organizaciones participantes han figurado representantes de ASEMPAL, Cámara de Comercio, COEXPHAL, ASAJA, UPA, UAGA-COAG,
UGT, CCOO, Cruz Roja, CEAR, ACCEM, Fundación Cepaim,
Almería Acoge, Cáritas y el Movimiento por la Paz, además de diversos colectivos vinculados a la población migrante y colegios profesionales de la provincia. Martín ha expresado su agradecimiento explícito a todas estas entidades por su colaboración desde el inicio del proceso, destacando que su cercanía a las personas solicitantes ha resultado fundamental para trasladar información fiable y acompañarlas en la tramitación.
En el marco del dispositivo habilitado para dar respuesta al elevado volumen de solicitudes, el subdelegado recordó que la provincia de
Almería contó con medidas organizativas específicas, siendo una de las cinco provincias de España —junto con Madrid, Alicante, Valencia y Murcia— en habilitar un horario especial vespertino en la Oficina de Extranjería, de 16.00 a 19.00 horas, reforzado con atención por las tardes en una oficina de la Seguridad Social y la colaboración de Correos. A escala estatal, el proceso ha permitido que 262.475 personas estuviesen afiliadas a la Seguridad Social a 30 de julio, frente a las 159.097 contabilizadas a finales de junio, mayoritariamente como trabajadores por cuenta ajena. Este procedimiento extraordinario va dirigido a ciudadanos extranjeros presentes en España antes del 1 de enero de 2026 que hayan acreditado una permanencia continuada de al menos cinco meses y cumplan los demás requisitos, concediéndoles una autorización que permite residir y trabajar legalmente durante un año en cualquier sector y punto del territorio español.
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