Reconozcamos, para empezar y sin paños calientes, una evidencia inapelable: el problema de la vivienda en España es gigantesco, asfixiante y generalizado. Da exactamente igual si nos fijamos en las localidades donde se aplica de forma entusiasta la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno central en clara invasión de competencias autonómicas, o en aquellas donde sus dirigentes la observan como quien mira un artefacto alienígena. Desde la costa de la provincia de Almería hasta las grandes capitales, el acceso a un techo digno digno y a precio asequible, se ha convertido en una carrera de obstáculos inalcanzable. Ahora bien, de ahí a convertir el desalojo de María del Carmen Abascal en la pancarta de referencia de esta crisis hay una distancia galáctica que solo la propaganda política más descarada se ha atrevido a recorrer.
Entender el entusiasmo mediático por Mari Carmen requiere dosis masivas de cinismo, porque no lo tuvieron con la barcelonesa que se acabó suicidando después de contar su caso en el Parlament... Allí sí se aplica la Ley de Vivienda, y la agonía de esa madre acabó terriblemente mal, pero nadie en la izquierda se conmocionó, no vaya a ser que el oasis catalán genere olas.
Presentar como encarnación de la precariedad a una mujer de 87 años que ha ejercido toda su vida laboral como funcionaria —con la envidiable tranquilidad de un sueldo público fijo, seguro y puntual— es un ejercicio de equilibrismo retórico fascinante. Mari Carmen, soltera y sin hijos, no solo ha dispuesto de ingresos garantizados toda su vida, sino que cuenta con 14 pagas de una pensión de jubilación de unos 1.400 euros mensuales, una cifra muy superior a la que percibe la mayoría de los pensionistas en la provincia de Almería o en cualquier rincón del Estado, a lo que se añade un extra por su discapacidad actual. Por si fuera poco, ha residido durante siete décadas en un piso de 90 metros cuadrados en plena calle del Alcalde Sáinz de Baranda, en el codiciado distrito madrileño de Retiro, pagando la irrisoria suma de unos 480 o 500 euros mensuales gracias a las inercias de la renta antigua.
Conviene recordar la letra pequeña que la retórica gubernamental prefiere omitir. El contrato original lo firmó su padre en 1956. A su fallecimiento se subrogó su madre y, tras el deceso de esta en 2005, la propia Mari Carmen ejecutó una segunda subrogación. La Ley de Arrendamientos Urbanos y la doctrina del Tribunal Supremo fijaron que dicha prórroga expiraba legalmente a los dos años, al no acreditar la inquilina un grado de discapacidad superior al 65% (cuenta ahora con un 50%). Mari Carmen sabía desde hace casi una década que su contrato estaba extinto y que la propiedad reclamaba la vivienda; dispuso de diez años para buscar una alternativa habitacional acorde a sus ingresos estables, pero prefirió atrincherarse en las condiciones de mediados del siglo pasado hasta que la comisión judicial ejecutó el desalojo al cuarto intento. Es decir, ya sabía desde el primer intento que en algún momento tendría que irse, pero en vez de buscar dónde, se quedó.
Comparar la situación de una exfuncionaria que ha disfrutado de un privilegio extinto en el corazón noble de Madrid con la angustia real de la sociedad es una broma de muy mal gusto. Nada tiene que ver su estatus con el de miles de jóvenes que, aun contando con un empleo full-time, no logran reunir lo suficiente ni para pagar una habitación en un piso compartido. Tampoco guarda parecido alguno con esas familias atrapadas en la precariedad laboral, con sueldos inestables, padres y madres con hijos a su cargo que no saben si cobrarán el mes que viene, o con los jubilados que subsisten con la pensión mínima. Mari Carmen no representa la vulnerabilidad; representa la excepción privilegiada.
¿A qué responde, entonces, que la izquierda haya convertido este caso en su gran bandera mediática? La razón es puramente táctica: armar un ariete político contra las instituciones madrileñas. Elevar este desalojo a causa célebre permite al Gobierno central del presidente Pedro Sánchez y a su ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, arremeter diariamente contra la Comunidad Autónoma que preside Isabel Díaz Ayuso y el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida, ambos bajo las siglas del Partido Popular. Por cierto, que en esas manifestaciones se oyen gritos de "asesinos"... pero a quienes cuestionan que se haya "normalizado" lo de "Sánchez HdeP", no les motiva que a todo bicho viviente del PP se le llame asesino desde mucho antes del slogan sanchista.
Además, este espectáculo sirve de perfecta cortina de humo para desviar la atención del fiasco que se vive en la acera sur. Casi dos meses después de la grave crisis fronteriza desencadenada a finales de julio en Ceuta, miles de ciudadanos extranjeros continúan campando a sus anchas en la ciudad autónoma sin que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ni el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska hayan sido capaces de ejecutar sus expulsiones, a pesar de las peticiones expresas del presidente ceutí Juan Jesús Vivas y de la disposición del propio Gobierno de Marruecos para canalizar los retornos.
Resolver la situación particular de Mari Carmen con una expropiación no soluciona ni un ápice el problema estructural de la vivienda en el país. Utilizar la peripecia de quien ha disfrutado de un sueldo seguro toda su vida, cobra una pensión holgada y ha dispuesto de una década para mudarse no es defender el derecho a un techo: es insultar a quienes de verdad sufren la precariedad inmobiliaria para alimentar el engranaje de la propaganda política.
