El último cartel electoral de Irene Montero es un tratado acelerado de sociología política. Del antiguo bagaje con el que Podemos irrumpió en el tablero institucional del Estado solo queda un tono violáceo en el fondo, arrinconado por la imagen hipertrofiada de su candidata. Las siglas han desaparecido de la escena; la propuesta ideológica ha sido sustituida por el culto a la personalidad de marca blanca. Cuesta dilucidar el tirón publicitario de esta estrategia entre el electorado, explicable solo si nos fijamos en los beneficiarios directos de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual —cuyo balance oficial del Consejo General del Poder Judicial fijó en 1.233 rebajas de penas y 126 excarcelaciones de agresores sexuales—. Lo verdaderamente llamativo es cómo una formación que llegó a tambalear el bipartidismo tradicional ha terminado replegada en los 5 escaños del Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados, convirtiendo sus siglas en un espectro que la propia dirección prefiere esconder en la cartelería.
El fenómeno del harakiri partidista no es, en absoluto, patrimonio exclusivo de la izquierda radical. Ciudadanos protagonizó en la política del Estado uno de los episodios de autodemolición más veloces que se recuerdan. Tras nacer en Cataluña y lograr un salto fulgurante al ámbito estatal, la formación encabezada por Albert Rivera dejó a su electorado en la más absoluta inopia estratégica: nadie sabía si votar al centro liberal equivalía a investir un Gobierno del Partido Socialista o entregarle la llave al Partido Popular. Pero la verdadera obra maestra del suicidio político se consumó en suelo catalán en 2017: tras convertirse en la fuerza más votada de la Cámara autonómica con 36 escaños, Inés Arrimadas ni siquiera llegó a solicitar la presentación de su candidatura a la investidura. Premiso la prudencia sobre la iniciativa política, renunciando a dar el debate antes de perderlo. El resultado de aquel repliegue es hoy un espacio testimonial sin representación parlamentaria.
En la otra ribera ideológica, la izquierda tradicional lleva décadas adiestrándose en esta disciplina. El histórico PCE debió comprender en su día que las siglas del comunismo del siglo XX requerían un rediseño de consultoría para no terminar en la irrelevancia absoluta, lo que derivó en la fundación de Izquierda Unida. Sin embargo, Izquierda Unida optó a su vez por el lento vaciado de su propio proyecto, difuminándose en sopas de letras, plataformas de confluencia y experimentos de Frente Amplio o Sumar. Para cualquier observador, el espectáculo resulta grotesco: micropartidos que comparten origen, discurso y base sociológica prefieren multiplicar marcas y disputarse la hegemonía de la nada antes que estructurar una sola organización coherente con vocación de permanencia.
Tampoco la derecha emergente está exenta de este germen. Vox mantiene una inercia parlamentaria considerable, pero ya ha mostrado síntomas evidentes de tensión destructiva. Las purgas internas y la salida precipitada de perfiles fundacionales como Iván Espinosa de los Monteros o Macarena Olona demostraron que el empeño por depurar el aparato orgánico suele anteponerse a la consolidación institucional. El viento puede soplar de cola en las urnas, pero los incendios internos no atienden a encuestas favorables cuando se decide desmantelar el equipo original.
Si elevamos la vista más allá del Estado, la perspectiva histórica confirma que la hegemonía es una ilusión óptica. En Francia, el Parti Socialiste que lideró François Mitterrand ha quedado relegado a porcentajes marginales en los comicios presidenciales. En Italia, la todopoderosa Democrazia Cristiana, que vertebró el país durante casi medio siglo, colapsó y desapareció del mapa político. En Alemania, la CDU enfrenta dilemas identitarios de calado frente al auge de nuevas alternativas.
Tanto en la política del Estado como en la escala autonómica de Andalucía, las siglas no mueren abatidas por los rivales de enfrente; mueren ahogadas por la soberbia de sus cúpulas. Los partidos se suicidan cuando anteponen el ego personalista de sus líderes a la estructura colectiva, confunden la táctica publicitaria con la acción de gobierno y desconectan de la realidad social de las provincias. Cuando una marca política decide borrar sus propias siglas de un cartel electoral, el electorado no necesita acudir al psicoterapeuta: simplemente toma nota y certifica la defunción.
