La Comandancia de la
Guardia Civil de
Almería y efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera han asestado un nuevo varapalo a las redes del narcotráfico al intervenir más de cinco kilogramos de cocaína rosa en tierras malagueñas. Esta importante aprehensión, considerada una de las más voluminosas de este tipo de
droga en el Estado, se enmarca en una exhaustiva investigación patrimonial y penal desarrollada durante los últimos dos años.
Los registros practicados de forma reciente en los municipios de Fuengirola y Mijas permitieron la localización de las sustancias estupefacientes en la vivienda del principal sospechoso de este tramo de las pesquisas. A lo largo de tres inspecciones en diversos inmuebles y locales comerciales, los agentes no solo descubrieron el alijo de 'tusi', sino que también requisaron medio kilo de cocaína, un kilo de hachís y diversos enseres destinados al pesado y distribución al por menor de la
droga.
Como consecuencia de este operativo, las fuerzas de seguridad arrestaron a un ciudadano español imputado por presunta pertenencia a organización criminal, tráfico de
drogas y blanqueo de capitales. El investigado fue trasladado a disposición judicial, decretándose de inmediato su ingreso preventivo en un centro penitenciario.
Esta nueva fase investigativa deriva directamente de una compleja trama detectada a lo largo del año 2024, orientada a desarticular las vías financieras y de distribución de un entramado dedicado al tráfico de estupefacientes. Durante la fase principal de este operativo, desplegada a finales de 2025 bajo la denominación 'Dolmen/Erytheia', los agentes efectuaron una treintena de entradas en domicilios repartidos por la provincia de
Almería, así como en los territorios de Málaga, Granada y Alicante.
Aquel despliegue inicial concluyó con la detención de unas treinta personas y la incautación de más de mil kilos de hachís, una veintena de kilos de cocaína y diverso armamento. En el plano económico, la intervención judicial conllevó el bloqueo de un centenar de cuentas bancarias y el embargo preventivo de fincas e inmuebles por valor superior a seis millones de euros, sumado a la requisa de un centenar de vehículos y embarcaciones tasados en otro millón de euros. Con las recientes actuaciones, los investigadores tratan de concretar el funcionamiento interno de la red y desmantelar por completo su capacidad financiera.