Confieso que me ronda una preocupación que no es ligera. ¿Está nuestro sistema democrático cayendo por un despeñadero, o simplemente nos hemos acostumbrado a ver cómo se le retiran las vigas maestras a plena luz del día? Puede sonar a tremendismo de café de mediodía en la Puerta de Purchena, pero si se observan las costuras del debate público, el roto es difícil de disimular. La verdadera amenaza no es que las instituciones funcionen despacio o que los servicios públicos cojeen; la clave es la paulatina y metódica deslegitimación de la propia democracia por parte de quienes aspiran a dirigirla.
La cosa no es nueva, y lo peor es que afecta a un lado y al otro del espectro político, lo qeu además sirve para qeu ambos extremos se lo arrojen entre ellos, contibuyendo a degenerarlo aún más.
Vayamos por partes y hagamos un poco de historia reciente antes de llegar al momento actual. A la extrema izquierda le dio por la pedagogía constitucional hace ya unos años, cuando las plazas se llenaron de pancartas. En aquel 15-M de 2011 que atronaba en Madrid y que en la provincia de Almería tuvo su réplica modesta entre el Paseo y la Plaza del Educador, el eslogan estrella era el ya clásico "no nos representan". Aquella proclama no iba dirigida contra un dictador de ultramar, sino contra diputados y concejales elegidos en urnas impecablemente transparentes. Fue entonces cuando cuajó ese invento semántico de la "mayoría social", una categoría mística que supuestamente vive al margen de las mayorías electorales. Un hallazgo idóneo para digerir la derrota: si el resultado de las urnas no gusta, se apela a esa "mayoría social" que, casualmente, siempre coincide con lo que opina quien acaba de perder.
En el momento actual es la extrema derecha quien ha decidido comprar exactamente el mismo esquema de desguace, pero con mejor aparato de difusión, porque no comenzó aquí, pero es aquí donde rompen sus olas. Donald Trump convirtió en doctrina que todo recuento electrónico que no le diera la victoria era por definición una estafa, y así sus partidarios acabaron tomando el Congreso, y luego él, los indultó, mientras sigue advirtiendo de un fraude electoral que solo él, como presidente, puede gestionar. Jair Bolsonaro llevó a Brasil al borde del asalto institucional con el mismísimo guión del fraude electoral y acabó condenado por intento de golpe de estado. Y en España, Santiago Abascal, secundado últimamente por figuras del Partido Popular como Isabel Díaz Ayuso, ha decidido situar el voto por correo en el territorio del sospechosismo de cara a las próximas elecciones del 29 de noviembre, deslizando sombras de pucherazo sobre el servicio postal como si Correos fuese una imprenta clandestina.
Cuando los partidos que optan a gobernar —o que ya lo hacen Andalucía o en otros territorios junto a la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo— y que además resultan ser los más beneficiados electoralmente porque crecen en votos, difunden que el proceso electoral carece de garantías, el paso siguiente es matemático. La democracia deja de verse como un marco mejorable para convertirse en una traba inservible. Si el arbitro está vendido, ¿para qué seguir jugando el partido?
La conversación popular en las redes sociales ya desvaría hacia ocurrencias como ponderar el voto o cuestionar el sufragio universal, pero el verdadero indicador de la temperatura institucional lo da el Centro de Investigaciones Sociológicas. Resulta llamativo que el organismo presidido por José Félix Tezanos dedique espacio a preguntar a la ciudadanía si en determinadas circunstancias aceptaría un poder autocrático. Que a estas alturas del siglo XXI el Estado dedique recursos públicos a medir el grado de tolerancia de la sociedad hacia un césar providencial es, como poco, inquietante. Eso sí, José Félix Tezanos no encuentra hueco en sus barómetros para preguntar si el electorado prefiere una monarquía o una república. Para qué enredar con la Jefatura del Estado si se puede explorar la apetencia por un régimen fuerte.
Mientras desde la derecha se tilda a Pedro Sánchez de autócrata de La Moncloa y desde la izquierda gubernamental se acusa a la oposición de golpismo judicial, el veneno penetra. Se deslegitima el tribunal que falla en contra, la junta electoral que fiscaliza, el voto que se envía por sobre y el Parlamento que legisla. La democracia no garantiza el buen gobierno —cualquiera que siga la política de Almería lo sabe de sobra—, pero al menos garantiza que podamos cambiar de gobierno sin romper la cristalería. Como sigamos convenciendo a la gente de que la casa se cae, nadie protestará cuando vengan a tirarla abajo.
